Las denuncias por okupación ilegal han aumentado drásticamente en España desde 2018, revelando un creciente problema en la protección de la propiedad privada en el país. Según un estudio de la Property Rights Alliance, España ocupa el puesto 22 de 37 en un ranking de protección de derechos de propiedad en las grandes economías. Entre 2018 y 2024, las denuncias por ocupaciones ilegales se incrementaron en un 34,5%, evidenciando la necesidad de un cambio legislativo.

El 3 de abril de 2025, entra en vigor una nueva ley que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y busca abordar este problema de forma más efectiva. Esta reforma permitirá acelerar los procesos judiciales para desalojar ocupas, con juicios rápidos que tendrán un plazo máximo de 15 días. En situaciones de allanamiento, la policía podrá actuar de inmediato si los ocupantes han estado menos de 48 horas en el inmueble. Además, se endurecen las penas para los que incurran en esta actividad ilegal.

Sin embargo, la ley también distingue entre okupas 'tradicionales' y 'inquiokupas', estos últimos son personas que pueden ser declaradas vulnerables, lo que complica aún más el proceso de desalojo. Este enfoque ha provocado un debate sobre cómo se deberá proceder en cada caso y qué criterios se utilizarán para determinar la vulnerabilidad de los ocupantes.

En el contexto de estos cambios, la abogada Arantxa Goenaga, socia de la firma AF Legis, resalta la necesidad de que los abogados se adapten a las nuevas obligaciones legales. La abogada no duda de la rapidez que se espera con los plazos de 15 días, pero enfatiza que en la práctica, los trámites a menudo se prolongan debido a la carga del sistema judicial. Según Goenaga, las reformas también implican cambios en el enfoque hacia la mediación, ya que las demandas civiles ahora tendrán que incluir un acto de mediación previa. Esto, según ella, genera confusión sobre cómo proceder legalmente ante un desalojo.

Goenaga subraya que los pasos iniciales deben incluir contactar con la policía, quien iniciará los trámites correspondientes. Más importante aún, destaca que los abogados deberán retomar el uso de la vía penal para estos casos, argumentando que siempre ha sido un delito el hecho de entrar a una propiedad ajena sin consentimiento. "Invertiremos las cosas. Antes utilizábamos la vía civil, ahora lo haremos a la penal", afirma, señalando que este cambio es esencial para evitar demoras innecesarias en la recuperación de las propiedades ocupadas.

Con la puesta en marcha de esta nueva ley, es crucial observar cómo se adaptarán los abogados y cómo esta normativa afectará el tratamiento de ocuppaciones ilegales en el país, abriendo la puerta a un espíritu renovado de justicia que, a pesar de ser un desafío, tiene el potencial para restaurar el orden en el marco de derechos de propiedad.