La alarmante situación de más de 1.000 menores migrantes no acompañados en Canarias ha llevado al Tribunal Supremo a intervenir, en una decisión que marca un precedente histórico en la gestión de esta crisis humanitaria. El Gobierno canario, encabezado por Fernando Clavijo de Coalición Canaria, había estado presionando para obtener una solución ante la crítica situación que enfrentan estos menores solicitantes de asilo.

El Supremo ha ordenado de manera contundente al Ejecutivo central que asuma la responsabilidad de estos menores y asegure su acceso inmediato al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, estableciendo un plazo de apenas 10 días para implementar esta medida. Este fallo se produce en un contexto donde el Gobierno central había depositado la carga de atender a estos niños en las manos de Canarias, lo que resultó en el colapso total de sus servicios de protección infantil.

De acuerdo con datos oficiales, más de 1.200 menores solicitantes de asilo permanecían bajo la custodia del Gobierno canario en condiciones de hacinamiento, sin recibir la atención ni los recursos adecuados para satisfacer sus necesidades básicas. Esta situación ha sido motivo de preocupación tanto a nivel local como internacional, y ha puesto en evidencias las deficiencias del sistema de adopción y acogida en España.

El Tribunal Supremo ha aclarado que, aunque las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de proteger a menores en situación de desamparo, cuando esos menores piden asilo, deben ser atendidos por el sistema estatal, un giro que obliga a la administración central a actuar con urgencia.

Paralelamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado su propio desafío, anunciando su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional el acuerdo del Gobierno con el partido Junts, que estipula que Madrid debería acoger a más de 700 menores migrantes no acompañados.

La crisis de los menores migrantes en España es un tema candente que despierta cada vez más atención mediática y social. Con la intervención del Tribunal Supremo, se espera que haya un cambio significativo en cómo se gestionan estos casos críticos, pero la pregunta permanece: ¿está el sistema preparado para enfrentar este reto monumental?