La polémica en torno a la sanidad privada en España ha estallado, y en el centro de la tormenta se encuentra Mónica García, ministra de Sanidad. Ayer se filtró un informe titulado "MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud" que revela el plan de García para eliminar Muface, lo que afectaría a 1,5 millones de funcionarios y a sus familias, llevándolos a depender del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Mónica García ha declarado que considera el modelo de Muface "insostenible" y se muestra confiada en que los funcionarios no tendrán problemas en recibir atención médica en el sector público. Además, ha establecido un plazo de 9 meses para llevar adelante su plan, lo cual ha generado un rechazo considerable, no solo de la oposición, sino también de las organizaciones que representan a los trabajadores de la sanidad.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), que agrupa a varias de las principales empresas del sector sanitario en España, expresa su profunda preocupación por lo que consideran una "ideologización" del informe. Advierten sobre la situación crítica que enfrenta el SNS, con el riesgo de un colapso si se produce una transición masiva de usuarios del sistema privado al público.

Según el último informe del Ministerio de Sanidad, las listas de espera en España han alcanzado cifras alarmantes; actualmente, se sitúan en 121 días para intervenciones quirúrgicas y 94 días para consultas iniciales con especialistas. Estas cifras han duplicado y triplicado los números de hace ocho años, lo que pone de manifiesto la incapacidad del SNS para manejar la carga asistencial, sin considerar una afluencia adicional de pacientes.

¿Y qué pasa con Muface? Pues bien, el sistema de aseguradoras que actualmente beneficia a millones de funcionarios está en riesgo. La Fundación IDIS recalca que, independientemente de los recursos financieros que se puedan destinar, la calidad de la atención sigue deteriorándose. El actual sistema público no puede asumir más pacientes sin comprometer su sostenibilidad.

Además, el informe de García insinúa que las aseguradoras practican "selección de riesgos", es decir, que evitan atender a pacientes con enfermedades graves, lo cual, según ellos, es completamente falso. Las aseguradoras defienden que los usuarios son los que eligen dónde recibir atención, y subrayan que algunos mutualistas han optado por el sector público debido a la falta de recursos en la sanidad privada en varias comunidades autónomas.

Por si fuera poco, la Fundación IDIS critica la falta de un plan económico sólido en el informe de Sanidad, señalando que no se comparan los recursos actuales en distintas comunidades autónomas ni la capacidad de los hospitales, lo que haría que la afirmación de que es viable la absorción de estos nuevos pacientes sea, en sus palabras, "precipitada".

En resumen, la Fundación IDIS hace un llamado a las autoridades sanitarias para que reconsideren decisiones que podrían poner en riesgo no solo la sostenibilidad del sistema de salud, sino también la atención y seguridad de los pacientes. La situación está más candente que nunca y el futuro de la sanidad tanto pública como privada en España se encuentra en una encrucijada. ¿Qué pasará con la atención sanitaria en los próximos meses?