En un contexto de creciente tensión política y social, al menos 13 comunidades autónomas han presentado sus datos sobre menores migrantes acogidos, justo en el día marcado por el Gobierno como límite para esta entrega. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) han sido las más vocales en expresar su descontento con el proceso de distribución de estos menores.

La Comunidad de Madrid ha informado que ha acogido a 2.442 jóvenes extranjeros en su sistema de protección, lo que equivale al 132% de su capacidad total. Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ha anunciado que la Comunidad de Madrid considera ilegal la reubicación propuesta por el Gobierno y han instruido a sus abogados a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, argumentando que se invaden competencias regionales.

Por su parte, Castilla y León ha reconocido que actualmente acoge a 178 menores migrantes no acompañados y ya ha dado instrucciones a su equipo jurídico para impugnar esta distribución. Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta, ha indicado que el año pasado recibieron a 275 menores en un proceso gradual.

Las Islas Baleares destacan por el asombroso 1.023% de ocupación en sus plazas específicas para menores migrantes, lo que significa que su capacidad está completamente colapsada. El Govern ha informado que no pueden aceptar más menores y también se están preparando para impugnar el decreto ley ante el Constitucional.

Andalucía, que el año pasado atendió a 2.615 menores, se encuentra al 96% de su capacidad y ha señalado que no es viable aceptar más niños bajo un sistema impuesto desde el Gobierno. Extremadura ha reportado una ocupación del 111,25% con 126 menores en su cuidado.

En Cantabria, de las 220 plazas disponibles, 36 son para menores extranjeros no acompañados, y se ha indicado que las cifras son muy volátiles, sugiriendo una necesidad urgente de revisar su capacidad de acogida. Galicia, con 273 menores atendidos, ha declarado que la ocupación es del 108% y exige una mejor planificación y financiamiento.

La Rioja y Murcia también han aportado cifras preocupantes, señalando una ocupación del 100% en sus recursos para menores. Canarias, por su parte, reporta tener a 5.485 menores migrantes no acompañados, excluyendo a aquellos que están cerca de cumplir la mayoría de edad o que están en procesos de regularización.

Asturias ha informado de la situación crítica con 99 menores migrantes no acompañados y todas las plazas disponibles ocupadas. Finalmente, Euskadi ha comunicado una ocupación efectiva de 1.939 plazas para este grupo vulnerable, hecho que resalta la presión que enfrenta todo el sistema de acogida juvenil en España.

La situación ha desatado un intenso debate sobre la responsabilidad que cada comunidad tiene en la atención a estos menores y la necesidad de una solución integrada que equilibre las capacidades de acogida sin comprometer la seguridad y el bienestar de los menores.