La crisis de la vivienda en España ha alcanzado niveles alarmantes, dejando a millones de ciudadanos atrapados en un ciclo de desesperación y malestar social. En la actualidad, el país ha pasado de construir unas asombrosas 600.000 viviendas anuales a apenas 90.000, lo que revela un notable desajuste entre la oferta y la demanda. La situación se está agravando, y las expectativas para el futuro son aún más preocupantes.

Según Félix Lores, economista de BBVA Research, "nos enfrentamos a una crisis de escasez de oferta sin precedentes en la historia reciente de España". Este problema se ha intensificado en los últimos años, provocando un aumento descontrolado en los precios de compra y alquiler, así como la frustración de muchas personas, especialmente entre los más jóvenes, quienes ven cómo sus sueños de adquirir una vivienda se desvanecen por la falta de opciones asequibles.

El Banco de España estima que el déficit de vivienda se sitúa alrededor de 600.000 unidades, lo que significa que la construcción de nuevas casas no puede satisfacer la demanda creciente, a pesar de que se han estabilizado en unas 90.000 construcciones anuales. La situación se complica aún más al considerar que este desajuste comenzó a figurar notablemente a partir de 2021, aunque sus raíces se remontan a la crisis económica iniciada en 2008.

La acumulación de esta demanda, ahora liberada al mercado, plantea un grave dilema para los próximos años. En 2023, se formaron aproximadamente 265.000 nuevos hogares, mientras que solo se iniciaron menos de 0,4 viviendas por cada nuevo hogar creado. Las proyecciones demográficas indican que esta demanda podría incrementar hasta 330.000 hogares anuales entre 2024 y 2028, generando un déficit anual de 240.000 viviendas.

A nivel gubernamental, tanto el Gobierno central como varias comunidades autónomas han comenzado a tomar medidas para abordar esta crisis, comprometiéndose a aumentar la oferta de viviendas asequibles. Judit Montoriol, economista senior de CaixaBank Research, señala que se necesita una colaboración entre el sector público y privado, dado que las Administraciones solas no pueden afrontar la magnitud del problema.

Además, es crucial tener en cuenta que España carece de un colchón social: en las últimas cinco décadas, casi siete millones de viviendas protegidas han pasado al mercado libre, lo que ha reducido la participación de la vivienda social a un mero 2,5%, en comparación con el 9,3% de media en la UE.

Otro factor que agrava la situación es que muchas propiedades están siendo adquiridas como inversiones, lo que contribuye al auge de los alquileres turísticos. Hasta febrero de 2023, España contaba con un récord de 351.389 viviendas destinadas a este uso, exacerbando aún más la crisis del alquiler al reducir la oferta disponible para los ciudadanos que buscan un lugar para residir.

Adicionalmente, aunque existen cerca de cuatro millones de viviendas vacías, la mayoría se encuentra en áreas rurales y en mal estado. Según el sindicato CC OO, la suma de viviendas vacías y casas turísticas podría aumentar la oferta de alquiler en un 66% en las ciudades más grandes del país.

En términos de soluciones, el enfoque no debe ser únicamente la construcción, sino también la reevaluación de los inmuebles existentes y sus usos. Incluso las proyecciones de los expertos coinciden en que entre 1,4 y 2,1 millones de nuevas casas serán necesarias para satisfacer la demanda acumulada hasta 2030.

Sin embargo, el plano urbano no presenta condiciones favorables, pues el gobierno todavía lucha con procesos burocráticos y la falta de suelo urbanizable listo para edificar. Según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, hay 6,8 millones de viviendas potencialmente listas para desarrollarse, pero con planes urbanísticos desactualizados.

Por otra parte, el envejecimiento de la fuerza laboral en el sector de la construcción y la escasez de mano de obra cualificada también contribuyen a complicar la situación. Las voces en el sector indican que, incluso con el terreno listo, carecemos de la capacidad para cumplir con la creciente demanda de vivienda.

Por lo tanto, en un contexto donde cada vez se hace más difícil acceder a una vivienda digna, se vuelve esencial actuar con rapidez y determinación para evitar que esta crisis habitacional se transforme en una catástrofe social aún mayor en España.