La problemática de los okupas en España ha alcanzado niveles alarmantes, y ahora un importante cambio legal promete transformar la forma en que se enfrentan estos casos. Arantxa Goenaga, abogada de AF LEGIS y experta en derecho inmobiliario, ha anunciado que los casos de okupación, que hasta ahora se tramitaban por la vía civil, serán considerados delitos penales mediante la reciente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Julio Naveira, otro destacado abogado y experto en derecho inmobiliario, ha expuesto su opinión en el programa 'Mediodía COPE', afirmando que, aunque el nuevo cambio legal es un avance, no aborda de manera efectiva el problema de la okupación. Según él, los casos de okupación delincuencial, como el ingreso forzado a una propiedad, deberían diferenciarse de la inquiokupación, que se refiere a ocupaciones con el consentimiento del propietario, aunque sean problemáticas.

Uno de los principales inconvenientes de la okupación es la lentitud del proceso legal para recuperar la posesión de una propiedad, un proceso que puede tardar entre dos y cuatro años en España, algo que naveira considera 'inconcebible' y muy diferente de lo que ocurre en otros países. La nueva legislación solo busca agilizar este proceso, reduciendo potencialmente el tiempo de desalojo a un año, pero aún queda un largo camino por recorrer.

Naveira ha propuesto una solución radical: "La única forma de solucionar el problema es dictar una medida cautelar que, en un plazo de 48 horas tras la detención del okupa, si no tiene un título que lo justifique, se proceda a su desalojo inmediato". Para él, esto debería ser equiparable a otras acciones penales, como el robo, donde la policía puede devolver la propiedad a su dueño de inmediato.

Además, el abogado insiste en que el sistema judicial debe actuar con celeridad: al detectar un delito de okupación, debe requerir al autor una prueba de ocupación dentro de ese breve plazo, y si no hay justificación, el propietario debe recuperar su propiedad de inmediato. Según Naveira, esta sería la única manera de desincentivar la okupación delictiva y asegurarse de que no habrá quien se atreva a ocupar una propiedad por solo 48 horas.

En cuanto a la inquiokupación, Naveira señala que la solución para este fenómeno radica en dotar a la Administración de Justicia de mayores recursos económicos para agilizar los procesos de desahucio. Explica que, en este caso, la ocupación ocurre con un contrato de alquiler, y la falta de pago debe ser tratada con la misma urgencia, asegurando la pronta intervención judicial para evitar conflictos prolongados.

Con estas propuestas, el experto busca terminar con la incertidumbre y el sufrimiento que enfrentan muchos propietarios en España debido a situaciones de okupación, apuntando que es necesario actuar con firmeza y efectividad.