Las devastadoras lluvias que azotaron las comunidades de Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Andalucía entre el 12 y el 15 de septiembre de 2019, causaron la muerte de siete personas. De este trágico evento, conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), se registraron más de 70,000 siniestros, marcando un triste récord en la historia del Consorcio de Compensación de Seguros.

Sin embargo, los estragos ocasionados por la tormenta del 29 de octubre de 2024 eclipsaron a la DANA de 2019. Esta última tragedia cobró más de 200 vidas en la provincia de Valencia, afectó a casi 80 municipios y causó daños a más de 100,000 vehículos y 20,000 viviendas. Las infraestructuras también sufrieron con la destrucción de 5,000 comercios y 1,500 industrias, complicando aún más la situación con cientos de kilómetros de carreteras y vías férreas inutilizadas.

La respuesta de los gobiernos valencianos ante ambas emergencias ha sido notablemente diferente. En 2019, el gobierno valenciano declaró la preemergencia 48 horas antes de la tormenta, mientras que en 2024, esta respuesta fue tardía y beligerante.

ALERTAS Y RESPUESTAS

Durante la DANA de 2019, la Generalitat Valenciana activó un plan especial de inundaciones que incluía protocolos claros en caso de emergencia, el cual estaba destinado a informar a la población y a los alcaldes de manera efectiva. Aunque existían herramientas de comunicación, se carecía de herramientas avanzadas para alertas masivas por SMS en móviles.

En contraste, para la DANA de 2024, el Gobierno de Carlos Mazón tardó nueve horas en reunirse después de que AEMET emitiera una alerta roja. La tardanza en la activación de protocolos y la falta de una respuesta eficaz resultaron en consecuencias devastadoras. Mazón minimizó la amenaza de la tormenta al hablar de una posible disminución del mal tiempo, a pesar de la información contraria que proporcionaba AEMET.

El presidente sólo envió un mensaje por redes sociales pidiendo prudencia, ignorando la gravedad de la situación mientras participaba en actos públicos, en lugar de activar un protocolo de emergencia.

DEBATE POLÍTICO POST-CATASTROFE

El contraste en las respuestas ha suscitado un intenso debate político, donde Mazón ha buscado culpables en la información que recibió del Gobierno central. Las críticas a su gestión han llevado incluso a pedir su dimisión, a diferencia de la unidad que se observó en el gobierno de 2019, donde se reconocieron esfuerzos coordinados para mitigar la catástrofe.

SUSPENSIÓN DE CLASES Y PREPARATIVOS

En la DANA de 2019, más de 400,000 estudiantes se vieron afectados por la suspensión de clases en más de 200 localidades, incluyendo las universidades. La gestión de la situación fue ágil y bien comunicada.

Por otro lado, en octubre de 2024, solo un puñado de municipios se atrevieron a cerrar sus escuelas sin directrices claras del gobierno valenciano. La falta de preparación llevó a críticas sobre si se habían hecho lo suficiente para proteger a la población. La inacción del gobierno se sintió a lo largo de día, con audios reveladores que indicaban que la atención a esta crisis llegó demasiado tarde y en medio de un caos incomprensible.

En resumen, el análisis de ambas DANA revela un legado de lecciones no aprendidas, políticas pendientes de mejorar y la necesidad urgente de un sistema de respuesta más eficaz ante desastres naturales. La comunidad valenciana espera que esta tragedia no se repita, demandando cambios significativos en la gestión de emergencias para proteger a sus ciudadanos.