El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, lanzó una dura advertencia hacia el régimen de Nicolás Maduro, indicando que se imponerán "nuevas sanciones severas" si el gobierno venezolano no acepta un flujo constante de vuelos de deportación de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos.

"Venezuela tiene la obligación de recibir a sus ciudadanos deportados. Esto no es un tema de discusión ni de negociación, y no merece recompensa alguna", enfatizó Rubio en la red social X, creando un eco que se ha extendido por la comunidad internacional.

La situación se volvió más complicada cuando Richard Grenell, el enviado de EEUU para Misiones Especiales, anunció que el régimen de Maduro había acordado reanudar los vuelos tras las tensiones que surgieron después de que se le retirara la licencia a Chevron para operar en el país. Esta decisión parece ser un intento de normalizar las relaciones a pesar de las sanciones en curso.

Además, se supo que más de 250 personas, acusadas de pertenecer a la peligrosa banda criminal venezolana Tren de Aragua, han sido enviadas a El Salvador. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha manifestado su disposición a encarcelarlos, lo que ha generado preocupaciones sobre la gestión de seguridad en la región. Según informaron las autoridades, todos los venezolanos mayores de 14 años que sean parte de esta organización y se encuentren en Estados Unidos, pero no sean residentes permanentes, están en riesgo de ser detenidos y deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmó este lunes que no hay dudas sobre la implicación de los migrantes venezolanos deportados en actividades delictivas relacionadas con el Tren de Aragua. En una rueda de prensa, subrayó que esta decisión se basó en "información de inteligencia" obtenida de las autoridades fronterizas.

Estados Unidos ha comenzado a deportar a migrantes de manera agresiva; el pasado sábado, se expulsaron a 261 migrantes en dos vuelos hacia El Salvador y Honduras. De estos, 137 venezolanos fueron deportados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un acto que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial.

El juez federal que bloqueó temporalmente esta aplicación de la ley lo hizo después de que los vuelos ya habían despegado, lo que ha suscitado debates sobre la legalidad y la ética de estas acciones. Mientras tanto, el presidente Bukele ha expresado su agradecimiento por el regreso de los salvadoreños, lo que indica un posible fortalecimiento de la colaboración entre El Salvador y Estados Unidos en temas de seguridad y migración.

Este contexto refleja la profunda crisis socioeconómica que enfrenta Venezuela y las complejidades de la migración en la región, con miles de venezolanos buscando una vida mejor en el extranjero. A medida que la presión internacional aumenta sobre el régimen de Maduro, el futuro de los vuelos de deportación y las relaciones entre los países de la región se mantienen en un tenso equilibrio.