El debate en el Congreso sobre la inclusión de condenados por terrorismo y rebelión en las listas electorales ha reavivado antiguas controversias. En 2005, Mariano Rajoy acusó al entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero de "traicionar a los muertos de ETA", y casi dos décadas después, las mismas acusaciones resuenan. Esta vez, el foco se ha puesto en la coalición EH Bildu, cuyas candidaturas incluyen individuos con antecedentes relacionados con el terrorismo.

La reciente iniciativa del Partido Popular (PP), que buscaba prohibir que personas con condenas por terrorismo o rebelión—aunque no tuvieran sentencia firme—pudieran presentarse a las elecciones, ha generado un intenso debate. A pesar de que la banda terrorista ETA ya no opera, los ecos de su historia siguen presentes en la política española. Algunos diputados, como José Antonio Bermúdez de Castro, han manifestado que el partido en el poder está traicionando a las víctimas mediante la normalización de ciertos personajes dentro de la política.

Por su parte, los representantes de EH Bildu no hicieron una retirada estratégica. La portavoz, Mertxe Aizpurua, acusó al PP de implementar "leyes propias de una dictadura", evidenciando una agria discordia en el hemiciclo. La tensión aumentó cuando se hicieron comparaciones entre la propuesta del PP y regímenes autoritarios, lo que refleja el clima político polarizado en el que vivimos.

Al margen de las acusaciones y emociones que prevalecen en el debate, la propuesta del PP se ha encontrado con la feroz oposición de otros bloques políticos. Los grupos catalanes, por ejemplo, tildaron la medida de "ley propia de la Venezuela chavista", lo que subraya el temor de que tales reglamentaciones puedan abrir la puerta a un uso político sesgado de la justicia.

Una vez más, el quiebre entre el PP y el resto de la cámara ha resaltado la falta de consenso en cuestiones que han marcado la historia reciente de España. La diputada socialista Rafaela Romero, visiblemente afectada, exigió al PP que dejen de mostrar "las fotos de nuestros muertos”, resonando como un grito de dolor en un contexto donde el terrorismo ha dejado huellas imborrables.

El rechazo a esta propuesta no solo refleja la complejidad de la memoria histórica en España, sino que también pone de relieve la pertinencia de la reconciliación en un país aún dividido por cicatrices del pasado. ¿Qué implicancias tendrá esto para el futuro de la democracia en el país? A medida que las elecciones se acercan, este tema seguirá intensificándose, ya que los partidos buscan posicionarse ante un electorado cada vez más consciente y crítico de los atentados que han marcado su historia.

La cuestión no se limita simplemente a sí permitir o no a personas con estos antecedentes en cargos electos, sino que refleja una lucha más amplia sobre qué tipo de democracia se quiere en España y cómo se manejará el legado del terrorismo en las próximas décadas.