Este miércoles, Jorge Clemente, decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se presentó ante la comisión del Partido Popular (PP) convocada por Isabel Díaz Ayuso. Esta comisión investiga un presunto "trato de favor" recibido por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en relación con su interacción profesional con la UCM. Sin embargo, Clemente mostró cautela en sus respuestas, citando una denuncia interna que podría desencadenar un expediente disciplinario en su contra por haber solicitado información sobre el funcionamiento de ciertos programas académicos.

Cuando se le preguntó específicamente sobre su relación con el caso que se investiga, respondió: "Nada. De ese caso de TSC [Transformación Social Competitiva] no tengo constancia. He preguntado, pero no he tenido respuesta". Frente a otra pregunta sobre si creía que Moncloa había utilizado la marca de la UCM para beneficiar a Gómez, Clemente dijo: "Lo que yo crea... No puedo dar fe de lo que no sé". Estas respuestas minan la estrategia del PP de utilizar su testimonio para incriminar al Gobierno de Sánchez a través de su esposa, quien está siendo investigada por presunta corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Clemente, reconocido por su papel en esta investigación, fue quien pidió la dimisión del rector de la UCM, Joaquín Goyache, debido a lo que considera falta de transparencia en el programa de cátedras extraordinarias. Begoña Gómez estaba involucrada en este programa, donde hasta el curso pasado se listaba como codirectora de un Máster en Formación Permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro, así como de otro máster mencionado.

Antes de comenzar su testimonio, Clemente reveló que la noche anterior tuvo que declarar ante la Inspección de Servicios de la UCM debido a una denuncia por "acoso laboral" presentada por un vicerrector a quien había cuestionado sobre las cátedras. "Tengo muy claro lo que hay detrás", indicó, sugiriendo que hay presiones para que no investigue más a fondo el tema.

Durante su declaración, hizo varias solicitudes todas relacionadas con las cátedras, aunque no directamente vinculadas a Gómez: "Limitar el número de cátedras que puede dirigir una misma persona; especialización del director o codirector; publicación del estado de cuentas y de informes de las cátedras vigentes anualmente, como es obligatorio". Esta petición coincide con su deseo de reformar el reglamento universitario en esta área.

Las siguientes declaraciones en la comisión incluyen a Ángel Arias, rector de la Universidad Carlos III, y Amaya Mendikoetxea, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). La presencia de estos académicos desvía la atención del caso Gómez y pone de relieve los problemas de financiación de las universidades públicas en Madrid, lo cual complica la narrativa que el PP está tratando de establecer a solo cuatro sesiones de concluir la investigación.

"Les está haciendo perder el tiempo", lamentó Marta Bernardo, portavoz del PSOE en la comisión, y su comentario fue respaldado por Ana Cuartero de Vox, quien afirmó que la sesión fue una pérdida total al convocar a rectores de universidades sin relación aparente con el caso que se investiga.