El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha desestimado la solicitud de suspender cautelarmente el análisis de todos los mensajes y correos electrónicos que la Guardia Civil intervino en el despacho del fiscal general. Hurtado defendió que el estudio pericial de esta información ha sido confiado a la Unidad Central Operativa (UCO), destacando que "no hay razones para dudar de su labor y celo", y rechazó las afirmaciones de que dichos datos podrían ser accesibles a "terceros ajenos al Tribunal Supremo".

La UCO ingresó en la Fiscalía General el 30 de octubre bajo la dirección del juez Hurtado, poco después de que este ordenara la declaración de secreto de sumario. El caso investiga si Álvaro García Ortiz, fiscal general, filtró a la prensa correos relacionados con un pacto de doble fraude fiscal entre la abogada de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía. Aunque la pesquisa se inició por un comunicado de la Fiscalía de Madrid, el Supremo decidió ampliar la investigación, incluyendo al fiscal general como sospechoso.

García Ortiz, en su defensa, expresó que el registro ha expuesto no solo comunicaciones relevantes al caso, sino también datos que, según él, "podrían comprometer la seguridad del Estado". Tanto él como la fiscal provincial de Madrid, igualmente imputada, solicitaron que se detuviera el análisis del material intervenido. Sin embargo, el magistrado descalificó las sospechas de García Ortiz, afirmando que todo el material quedó en manos de una unidad judicial competente.

Hurtado también reconoció que podría haber información irrelevante para la investigación dentro del material intervenido, pero subrayó que esto también ocurre en diligencias similares, como las escuchas telefónicas. "Cabe recordar que la diligencia se practica bajo el secreto del sumario y, una vez realizada, se procederá conforme a lo que amerite", destacó el juez.

La UCO es reconocida por su experiencia y profesionalismo en la investigación de casos complejos, y el juez Hurtado enfatizó que su trabajo ha sido siempre confiable. En este contexto, la causa contra el fiscal general y los implicados está avanzando, aunque bajo un estricto secreto, permitiendo a las partes acceder a la información necesaria para su defensa, lo que accidentemente generó una serie de lentitudes en el proceso judicial.

El escándalo comenzó hace meses cuando Alberto González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid denunciaron que los correos de un empresario que reconocían un fraude fiscal de 350.000 euros habían sido mal reflejados en un comunicado de la Fiscalía de Madrid. Este comunicado buscaba desmentir rumores falsos sobre las negociaciones que circularon, en parte, debido a declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, asesor cercano de Ayuso en la Comunidad de Madrid.

La trama se complicó al elevar la causa al Tribunal Supremo, centrando las investigaciones en el fiscal general en lugar de su superior, lo que ha suscitado un debate público sobre la independencia del sistema judicial y las implicaciones políticas de esta situación. La sociedad española sigue expectante ante los próximos capítulos de este caso que podría tener consecuencias significativas en la política y la justicia del país.