En un giro inesperado, el PSOE ha decidido tramitara este lunes en el Congreso una propuesta de ley del partido Junts que busca agilizar los procesos de desalojo de ocupaciones ilegales en un plazo de 48 horas. Esta decisión ha generado un fuerte debate en el arco parlamentario.

A pesar de las críticas de sus socios a la izquierda (Bildu, ERC y Sumar), el PSOE ha anunciado su intención de votar a favor de la iniciativa, prometiendo al mismo tiempo modificaciones para mejorarla. Este apoyo llega luego de rechazar iniciativas similares de otros partidos como el PNV y el PP, y tras mantener estancada la ley antiokupación presentada por Alberto Núñez Feijóo durante más de un año.

Marta Madrenas, diputada de Junts, defendió la propuesta como una "cuestión de justicia" y calificó la vivienda como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el estado, al igual que la sanidad y la educación. Madrenas mostró su preocupación ante el aumento de las ocupaciones ilegales, señalando que la responsabilidad de proteger a las familias vulnerables no puede recaer solo sobre los propietarios.

Según datos de Madrenas, Cataluña encabeza la lista de ocupaciones con 9.477 registros en 2022, 2.247 en 2023 y 5.364 hasta junio de 2024, lo que podría llevar a más de 10.000 en total para finales de este año. Aseguró que el 96% de las okupaciones afectan a viviendas vacías, mientras que solo el 4% son segundas residencias.

La diputada también crítico la existencia de "empresas poco escrupulosas" que lucran con el proceso de desokupación. Según ella, las redes de emergencia para viviendas están "colapsadas" ya que muchos inmuebles destinados a familias vulnerables están ocupados. Además, cuestionó la efectividad de la ley actual de desokupación del Gobierno, sugiriendo que su propuesta permitiría a la policía actuar más rápidamente, incluso sin la presencia de los okupas.

Desde el PSOE, Guillermo Hita subrayó que apoyarán esta tramitación pero con enmiendas, argumentando que la propuesta de Junts busca proteger la propiedad privada y no soluciona el problema habitacional. Aun así, reconoce que la situación requiere una mejora del marco jurídico existente. Hita mencionó que, según su perspectiva, "los datos no corroboran" una situación de crisis alarmante, pero que hay margen para el perfeccionamiento de la ley.

El PP, por su parte, respalda la propuesta de Junts, aunque recuerda que su propia ley antiokupación está estancada por el PSOE desde hace más de un año. La diputada Cristina Agüera argumentó que la ley del PP podría acabar con la okupación en ocho meses, empoderando a las comunidades de propietarios.

Vox también apoya la iniciativa, alegando que el "negacionismo de la okupación ha dañado el mercado de alquiler". Carlos Hernández, portavoz de Vox, destacó que en otros países de Europa los okupas no tienen más derechos que los propietarios, y subrayó los problemas de vandalismo y convivencia causados por la okupación en comunidades locales.

Por otro lado, partidos como Sumar, ERC y Bildu han rechazado la propuesta, argumentando que promueve un "capitalismo mafioso" y no aborda la verdadera crisis de vivienda en España. Gerardo Pisarello, de Sumar, sugirió que la propuesta es una distracción que oculta la falta de soluciones reales a los problemas habitacionales del país.

El tema ha generado un intenso debate nacional sobre los derechos de propiedad frente a la crisis de vivienda, y sigue siendo un punto candente en la política española, ante la frustración de miles de familias que enfrentan la incertidumbre del alquiler y la propiedad.