El magistrado Ángel Luis Hurtado ha tomado una decisión clave al descartar que Pilar Sánchez Acera, ex asesora de Moncloa y actual 'número dos' del PSOE de Madrid, hubiera participado en la filtración del correo del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. A pesar de esta conclusión, el juez expresa serias dudas sobre la credibilidad del testimonio de Sánchez Acera, apuntando que su declaración, realizada el 12 de marzo, "deja mucho que desear" y presenta "importantes fisuras".

El magistrado argumenta que las diligencias solicitadas por Alberto González Amador, el novio de Ayuso, y por la acusación popular de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, carecen de pertinencia. Ambos solicitaban la investigación de terminales móviles de varios dirigentes del PSOE, incluida la propia Sánchez Acera, así como del director de gabinete de Juan Lobato.

El juez sostiene que la investigación se centra en el correo del 2 de febrero de 2024, y que no se ha probado la existencia de un delito por parte de la ex asesora. El magistrado aclara que la participación de un funcionario público que revela secretos es esencial para considerar a alguien como coautor de un delito de revelación de secretos, y en este caso no se cumple. Se argumenta que Sánchez Acera, al recibir el correo, no reveló información secreta, ya que fue un documento que ella entregó a Lobato para su uso en la Asamblea de la Comunidad de Madrid el 14 de febrero.

Sin embargo, el juez insiste en que su testimonio tiene serias fisuras. Al interrogarla, Sánchez Acera afirmó que el correo no le llegó como tal, sino como un documento a través de una fotografía de WhatsApp, diciendo que no recordaba quién se lo envió. Esta respuesta ha sido categorizada como poco creíble por el magistrado, quien subraya que es difícil de entender que, teniendo un documento tan relevante, no pueda recordar su origen.

El comportamiento de Sánchez Acera, que eliminó mensajes de su antiguo teléfono y cambió su dispositivo, ha sido criticado por el juez como una falta de colaboración con la investigación. A pesar de estas dudas, el juez concluye que no hay suficiente evidencia para considerar a la ex asesora como participante en un delito de revelación de secretos. Sin embargo, su testimonio podría dar pie a una investigación por falso testimonio en otra causa.

Este caso subraya la tensión política que existe en la Comunidad de Madrid, donde los escándalos de filtraciones y corrupción han sido temas recurrentes. El PSOE ha sostenido su posición, mientras que el PP de Ayuso sigue defendiendo su integridad en medio de las acusaciones. Este episodio podría no ser el último en una saga que involucra a altos funcionarios y cuestiones de ética pública.