Los disturbios provocados por los ultras del Málaga el sábado por la noche en Riazor dejaron a A Coruña en Shock. Entorno a 200 hinchas violentos destrozaron el bar La Menuda, y para controlar la situación solo había seis agentes de la Policía Nacional en la zona. "Fue un milagro que conseguimos embolsar a 200 hinchas violentos y llevarlos a las furgonetas para que se marcharan a Ordes, donde tenían su alojamiento", afirma Marcos Franco, secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en A Coruña.

La situación era predecible, ya que la Unidad de Intervención Policial de Málaga había advertido la presencia de este grupo violento, y el partido había sido declarado de alto riesgo. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, no se estableció un servicio especial y solo había tres patrullas disponibles en la calle. Franco critica la falta de previsión y llama la atención sobre el hecho de que la ciudad quedara prácticamente desprotegida en un momento de tanto potencial peligro.

Durante la alteración, algunos agentes sufrieron heridas leves, pero lo que enfrentaron fue una brutalidad pesada, ya que el grupo ultra venía armado con herramientas de ataque. Por falta de tiempo y recursos para identificar a los agresores, no se pudieron realizar detenciones de inmediato, aunque la brigada provincial ya ha iniciado una investigación.

Andando el domingo, a pesar de activos enfrentamientos en la plaza de Pontevedra, la policía logró evitar un choque mayor, y se realizaron detenciones de dos personas vinculadas a los Riazor Blues, los ultras del Deportivo. Estos incidentes han llevado a un fuerte debate sobre la planificación y efectividad del despliegue de seguridad.

María Rivas, la subdelegada del Gobierno, defendió la actuación policial, alegando que los dispositivos implementados durante el domingo lograron prevenir enfrentamientos. Sin embargo, la situación del sábado sigue generando críticas. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, calificó la situación como "extrema gravedad" y pidió cuentas a la Delegación del Gobierno. Los hechos del fin de semana han reavivado las conversaciones sobre cómo manejar la violencia en el fútbol y la seguridad en eventos públicos.

Los partidos de fútbol deberían ser una celebración del deporte, no un campo de batalla. La incertidumbre sobre cómo prevenir estas situaciones y asegurar que los culpables enfrenten las consecuencias sigue latente y preocupa tanto a la ciudadanía como a las autoridades. ¡Esperemos que se tomen medidas antes de que sea demasiado tarde!