Ryanair ha decidido dar un paso audaz y ha anunciado que apelará las multas impuestas por el Ministerio de Consumo de España, alegando que estas son "ilegales e infundadas". El consejero delegado de la aerolínea, Michael O'Leary, no se ha guardado nada y ha señalado que estas sanciones son el resultado de decisiones "inventadas" por motivos políticos.

La compañía ha resaltado que sus políticas de equipaje han sido legitimadas en numerosas ocasiones por tribunales españoles y de la Unión Europea, siendo la más reciente en los juzgados de Barcelona. O'Leary argumenta que, históricamente, Ryanair ha apostado por tarifas más bajas que benefician a los consumidores al introducir cobros por equipaje y check-in.

El CEO se ha mostrado confiado en que los tribunales de la UE anularán estas multas, reiterando que todas las aerolíneas tienen el derecho de establecer sus precios y políticas sin la intromisión de gobiernos. Curiosamente, O'Leary ha rechazado estas sanciones basándose en una ley que data de los años 60, mucho antes de que España se uniera a la UE, lo que añade una capa de complejidad a la controversia.

Ryanair no es la única afectada. También ha sido sancionada Vueling, que enfrenta una multa de 39,2 millones de euros. EasyJet se suma a la lista con 29,09 millones, Norwegian recibe 1,6 millones, y Volotea 1,18 millones. Las multas no solo se han debido al cobro del equipaje de mano, sino que también han tomado en cuenta otras prácticas cuestionadas, como la prohibición de pagos en efectivo y la falta de asientos contiguos gratuitos para personas dependientes y sus acompañantes.

Este enfrentamiento está lejos de resolverse, y la polémica sobre las tarifas aéreas sigue escalando. La pregunta es: ¿veremos un cambio en la regulación del transporte aéreo en Europa? Las reacciones de los pasajeros y organismos reguladores serán clave en lo que sigue.