La pregunta que todos se hacen: ¿El Partido Popular (PP) realmente ignoraba lo que estaba votando al respaldar la reforma legal que podría facilitar la excarcelación anticipada de algunos presos de ETA? La narrativa oficial del PP sostiene que fueron engañados por el Gobierno durante el proceso parlamentario, lo que llevó a lo que Alberto Núñez Feijóo denomina un "error injustificable" por parte de los diputados populares. Sin embargo, testimonios de miembros del PP que estuvieron involucrados en la creación de esta ley indican lo contrario, afirmando que eran plenamente conscientes de las implicaciones de su voto.

La diputada Ana Belén Vázquez Blanco, una de las tres firmantes del informe sobre el proyecto de ley, reveló en un programa de televisión que el PP votó a favor porque se trataba de una "trasposición de una directiva europea". Explicó que esta decisión era necesaria debido a obligaciones legales que el partido no podía ignorar. Aseguró que los abogados de los terroristas estaban utilizando el sistema legal para aplicar la normativa europea, lo que llevó a la necesidad de modificar la ley.

Además, Vázquez Blanco destacó que el verdadero problema radica en el Código Penal español, que estipula un máximo de 30 años de condena, lo que complica la situación legal en comparación con la legislación europea. En este sentido, cuestionó las críticas hacia el PP, señalando que su voto a favor era simplemente una respuesta obligada a una directiva comunitaria que debía ser implementada.

El debate en torno a la eficacia y las consecuencias de esta reforma ha desencadenado una fuerte crisis interna en el PP, donde las tensiones aumentan entre aquellos que defienden la decisión y quienes creen que deberían haber actuado de otra manera. Una fuente cercana al equipo jurídico del PP indicó que aunque apoyaron la ley, no creen que tendrá los efectos devastadores que se han predicho.

En contraste, la dirección del PP, liderada por Feijóo, ha redoblado sus críticas al Gobierno por lo que consideran una "trampa" destinada a liberar a terroristas sin cumplir con sus penas. La indignación es palpable, especialmente considerando que la reforma se tramita como una mera cuestión técnica mientras que, en el fondo, se podría traducir en la liberación de criminales peligrosos.

La situación se siente explosiva, y mientras el PP intenta navegar esta crisis, se vuelve evidente que los debates sobre justicia y vigilancia de los derechos de las víctimas de terrorismo son más relevantes que nunca. La pregunta que queda en el aire es si esta situación afectará la imagen pública y la credibilidad del partido a largo plazo. Los ciudadanos están atentos, y el futuro del PP podría depender de cómo manejen esta encrucijada legal y moral.