La polémica ha estallado en el Congreso de los Diputados tras conocer que los parlamentarios del Partido Popular (PP) firmaron un acta indicando que habían 'estudiado a fondo' la enmienda que valida las penas de aquellos presos que han cumplido condena en el extranjero, lo que incluye a un gran número de etarras. Este cambio legal podría permitir que muchos de estos reclusos sean liberados más rápidamente, desatando una fuerte controversia política en el país.

La reforma, que ha sido criticada por varias formaciones políticas, permite a los presos de ETA descontar de su condena los años cumplidos en prisiones francesas, lo que podría acortar significativamente su estancia en prisión en España. La respuesta del PP ha sido de disculpas, y han logrado aplazar la votación programada en el Senado, pero las críticas internas en el partido aumentan, acusando a su liderazgo de haber permitido la aprobación de esta medida.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, hizo un apasionado llamado al PSOE instando a que retiren esta ley, además de criticar duramente al Gobierno: “Hay un intento deliberado de liberar a los presos de ETA”, declaró desde Guadalajara. Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, se unió a los reproches, enfatizando que se ha puesto en riesgo la seguridad del país.

En respuesta, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, mantuvo una conversación tensa con Cuca Gamarra, secretaria general del PP, defendiendo el cambio de ley. Bolaños reiteró que la normativa se alinea con las directrices del derecho europeo en España y mencionó un fallo previo de la Audiencia Nacional que cuestionaba la adecuación de las leyes actuales al derecho comunitario.

Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, se unió a la controversia arremetiendo contra el PP por hacer un uso “partidista y obsceno” del terrorismo de ETA, y recalcó que la banda fue desmantelada hace más de una década. Alegría resaltó que esta modificación no fue un error del PP, y que fueron plenamente conscientes de lo que apoyaban en el Congreso.

El Gobierno permanece firme en su decisión de no retirar la ley, convencido de que se aprobará. Sin embargo, evitan discutir las potenciales consecuencias del nuevo marco legal sobre los presos etarras. La portavoz del Gobierno también comparó la reforma actual con una similar aprobada en 2014 bajo el mandato del PP, aunque existieron diferencias significativas en su aplicación.

Desde la oposición, el portavoz socialista Patxi López criticó al PP por aprovechar este tema para manipular sentimientos delicados en la población, instando a una discusión seria sobre la transposición de las directivas europeas. Gerardo Pisarello, de Sumar, lanzó críticas al PP, sugiriendo que su confusión sobre el apoyo a la enmienda era una táctica para desviar la atención de sus propios errores.

Finalmente, la situación ha dejado claro que tras esta modificación legal, el debate en torno a los presos de ETA está lejos de resolverse, y muchos en la Cámara Baja exigen que se aclare la postura del PP y se discutan abiertamente las implicaciones de esta enmienda, que ya tiene a España en el centro del ojo del huracán político.