Susana Pérez Quislant, diputada del Partido Popular y cercana a Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un llamamiento urgente en la Mesa de la Asamblea para "tomar medidas" que eviten que continúen las acusaciones de los diputados de la oposición dirigidas a Ana Millán, el número tres del partido y actual vicepresidenta de la Asamblea, quien está siendo investigada por presunta prevaricación administrativa. Este alarmante pedido fue documentado en el acta de la última reunión de la Mesa, que ha desatado un gran revuelo tanto entre los políticos como en la opinión pública.

El caso que atañe a Millán se centra en una posible conexión entre siete contratos públicos, adjudicados entre 2006 y 2011 a empresas de Francisco Roselló, y el pago de la hipoteca y la comunidad de un ático perteneciente a Millán mientras esta ejercía como concejal responsable de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

"La Ilma. Sra. Secretaria Tercera [Susana Pérez Quislant] expresa su descontento hacia los comentarios que se hacen desde la tribuna sobre la Vicepresidenta Primera [Ana Millán], demandando respeto por la presunción de inocencia", se menciona en el acta, reflejando el creciente malestar en el seno del PP ante las críticas dirigidas a Millán. La diputada ha insistido en que se deben tomar medidas drásticas para frenar estas acusaciones de forma inmediata.

A pesar de que no se han especificado qué acciones podría adoptar la Mesa, entre las posibilidades se encuentran llamadas al orden o la expulsión del pleno. La tensión en la Asamblea es palpable, especialmente dado que Millán ha estado en el centro de numerosas controversias, las cuales los miembros del partido conservador intentan minimizar. Las críticas a su persona no han cesado, y su posición ha provocado un enconado debate en la cámara.

Los momentos de tensión en la Asamblea han sido multitudinarios. Por ejemplo, el 3 de septiembre, Manuela Bergerot, líder de Más Madrid, lanzó críticas feroces hacia Millán, describiéndola como un "daño irreparable al prestigio de esta institución". Esta y otras intervenciones han puesto en evidencia la división y la oposición que enfrenta el PP en el parlamento madrileño, donde la mayoría absoluta no siempre garantiza un clima de paz.

La situación en torno a Ana Millán ha escalado aún más, con la Fiscalia prolongando el plazo de investigación en su caso, lo que sugiere que las autoridades están muy interesadas en profundizar en los posibles delitos asociados, incluyendo prevaricación y cohecho. En medio de estas serias acusaciones, Millán defiende que los pagos recibidos son simplemente alquileres por su propiedad, aunque la documentación apunta a conexiones más oscuras.

No cabe duda que el escándalo en la Asamblea de Madrid no solo ha activado alarmas entre los miembros del PP, sino que también está captando la atención del público y de los medios en busca de la verdad detrás de este enredo administrativo. ¿Podrán los perjudicados frenar las críticas o el escándalo crecerá aún más? ¡Mantente atento!