El Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU ha abierto un caso contra el Gobierno de Venezuela, enfocándose en el presunto fraude electoral perpetrado en las elecciones del pasado julio. Este anuncio, hecho por un grupo de abogados denunciantes el 3 de diciembre de 2024, subraya la creciente preocupación internacional sobre la manipulación electoral en el país.

Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH y abogado miembro de IHR Legal, una firma con sede en Washington DC, confirmó a EFE que la ONU ya ha dictado varias medidas provisionales. Esto incluye la orden crítica de conservar las actas de escrutinio y otros materiales electorales clave, que son esenciales para la investigación.

En octubre, estos abogados denunciaron ante el Comité las graves violaciones, que abarcan desde el fraude electoral masivo hasta la obstrucción del control ciudadano y la supresión del acceso a la justicia. Según ellos, este caso representa un avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela, con la expectativa de que concluya con una decisión internacional que certifique que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo.

La denuncia incluye el testimonio de un venezolano común, Ignacio Álvarez Martínez, quien reside en EE.UU. y ha señalado cómo las violaciones a sus derechos políticos son comunes entre millones de compatriotas que se encuentran en el extranjero. Se estima que alrededor de 5,5 millones de venezolanos en el exterior están habilitados para votar, lo que representa una cuarta parte del electorado total.

Los abogados advierten que, aunque un 99% de los venezolanos en el exterior fueron impedidos de votar, las actas publicadas por la oposición apuntan a que el gobierno actual perdió las elecciones en el país por un margen abrumador entre quienes sí votaron.

El Comité de DDHH de la ONU está compuesto por 18 expertos independientes que supervisan la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados miembros. Esta apertura de caso puede generar un precedente histórico y marcar un antes y un después en la situación política de Venezuela, una nación que ha visto un aumento en las protestas y la presión internacional contra el régimen de Maduro.

La comunidad internacional espera con atención los desarrollos de esta investigación, que podría llevar a nuevas sanciones y un mayor aislamiento del régimen venezolano. ¿Cuáles serán las repercusiones para Maduro y su gobierno? Solo el tiempo lo dirá.