España ha conseguido desactivar aproximadamente el 99% de las millonarias demandas interpuestas por inversores extranjeros debido a los recortes a las energías renovables aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. La clave de este éxito radica en la reciente decisión de la Comisión Europea, que ha eximido al Estado español de pagar 101 millones al fondo luxemburgués Antin, argumentando que hacerlo constituiría una ‘ayuda estatal ilegal’ incompatible con las normativas europeas.

Este fallo ha sido recibido con gran optimismo por parte del Gobierno español, que considera que podría sentar un precedente favorable para otros casos similares. La mayoría de estas demandas provienen de sociedades ubicadas dentro de la Unión Europea, lo que podría significar que España está en una posición más fuerte para enfrentar futuras reclamaciones.

Hasta la fecha, se han reconocido indemnizaciones por un total de 1.347 millones de euros, de los cuales la enorme mayoría son litigios vinculados a inversiones europeas. Así, España podría tener que abonar solo alrededor de 167 millones de euros, es decir, el 1,6% de los 10.365 millones que inicialmente reclamaron los inversores internacionales.

Sin embargo, existen desafíos adicionales. Empresas de fuera de la UE, como la estadounidense NextEra, han iniciado procedimientos de reclamación. NextEra obtuvo una compensación de 290 millones por los recortes a sus instalaciones termosolares en el país, lo que podría complicar aún más la situación para el Gobierno español.

A lo largo de este proceso, un total de 51 arbitrajes han sido presentados ante tribunales internacionales, principalmente en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. De estos, 43 ya han sido resueltos, con un balance que incluye diez victorias para España. Pero a pesar de las condenas recibidas, el gobierno no ha desembolsado hasta ahora un solo euro, mientras que ha gastado sumas considerables en asesorías legales.

Este entramado de disputas ha elevado a España a ser uno de los líderes en litigios internacional, acompañada por países como Venezuela y Rusia. Sin embargo, en el lado positivo, España ha logrado recuperar aproximadamente 7.830 millones de las reclamaciones presentadas, lo que refleja un notable esfuerzo del Ejecutivo por defender los intereses del país en el escenario internacional.

Una polémica ha surgido a partir de la reciente decisión sobre Antin, ya que algunos inversores han lanzado críticas sobre la posible existencia de un conflicto de interés relacionado con Teresa Ribera, la actual vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Esto ha levantado dudas sobre la transparencia y la imparcialidad en la gestión de estos casos.

El futuro de estas reclamaciones aún se encuentra en el aire. La UE ha decidido no seguir el Tratado de la Carta de la Energía, lo que podría complicar estos procesos judiciales pero que también responde a la necesidad de alinearse con los objetivos ambientales y climáticos del bloque.

Desde el Gobierno se insiste en que han tomado las medidas necesarias para proteger sus intereses y que se están preparando para cualquier eventualidad en el ámbito de la justicia internacional. A pesar de las incertidumbres, la actual administración se muestra decidida a continuar luchando contra los intereses creados por los denominados 'fondos buitre' que buscan enriquecerse a expensas de la soberanía nacional.