El Tribunal Constitucional de España, con 45 años de historia, enfrenta una situación sin precedentes: varios tribunales españoles buscan apoyo en Europa para eludir el cumplimiento de sus resoluciones. Este conflicto es más que una disputa interna; involucra la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo cual plantea preguntas sobre la autonomía judicial en el país. La reciente controversia gira en torno a la gestión del caso de los ERE en Andalucía y un litigio entre empresas de VTC (Vehículos de Transporte con Conductor). Por primera vez, el Constitucional se encuentra ante la disyuntiva de qué hacer cuando un juez español decide saltarse su autoridad e eleva sus dudas legales a Luxemburgo.

La mayoría progresista del Constitucional, recientemente criticada por el Partido Popular, ha anulado o modificado muchas de las condenas que se dictaron en el caso de los ERE, lo que ha desatado la ira del sistema judicial convencional. Esta creación de tensiones alimenta la idea de que el Constitucional está excediendo sus competencias, generando descontento en instancias como el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Sevilla, que considera que el robo de más de 600 millones de euros ha sido minimizado a través de las sentencias del Constitucional.

La Audiencia de Sevilla ha llevado el conflicto al siguiente nivel al cuestionar si debería coordinarse con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para validar sus argumentos, argumentando que las decisiones del Constitucional no son completamente compatibles con la legislación europea. Este planteamiento iluminó el ambiente ya incendiado dentro del Constitucional, que enfrenta ahora señales de cómo la Audiencia intenta desautorizar sus sentencias.

No son solo los jueces sevillanos quienes buscan el apoyo de Europa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha planteado una cuestión prejudicial a Luxemburgo sobre un laudo arbitral que ha dividido a los magistrados desde hace años. El voto en contra de uno de los magistrados subraya el sentimiento generalizado dentro del tribunal: se busca eludir la autoridad del Constitucional promoviendo una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Ambos tribunales exhiben un enfrentamiento extraño y frontal, ya que la Audiencia de Sevilla se encuentra en una posición peculiar al tratar de entender qué información necesita el Constitucional para abordar su consulta. Algunos juristas advierten que el Constitucional podría verse atrapado en un aprieto legal, con reportes internos apuntando a que no pueden obstruir el camino de la Audiencia. Este dilema abre un debate crítico en el seno de la justicia española: ¿en qué medida puede un tribunal desobedecer una resolución del Constitucional bajo la justificación de contradictorio con la legislación europea?

La situación entre la Audiencia de Sevilla y el Constitucional no surge de la nada. Meses de ataques de los partidos de la derecha para deslegitimar al tribunal, tras la instalación de una mayoría progresista, han culminado en este conflicto. En Andalucía, particularmente, el escándalo de los ERE ha afectado fuertemente al socialismo local, amplificando el clamor de la oposición política, que no duda en utilizar la situación para obtener ventaja.

El futuro se presenta incierto. Mientras la mayoría de los recursos que llegan al Constitucional son rechazados en la puerta, las sentencias que ignoran al Supremo son cada vez más comunes. A lo largo de 2023, casi la mitad de las 148 sentencias debatidas resultaron favorables, lo que agudiza el conflicto existente. Sin embargo, la historia muestra que el enfrentamiento entre el Constitucional y el sistema judicial convencional no es nuevo. Desde absoluciones notables hasta conflictos por sentencias, el hilo conductor siempre ha sido la lucha por el control y la legitimidad dentro de los poderes judiciales en España.

Este inédito tira y afloja entre tribunales, además, podría sentar un precedente. El caso de los ERE podría convertirse en el primer gran episodio donde un tribunal busca evadir la autoridad del Constitucional hacia la instancia europea. Así, el futuro de la justicia española continúa en un estado límite, marcado por tensiones políticas y judiciales.