CaixaBank se enfrenta a una reestructuración crucial de su consejo de administración en los próximos meses, lo que traerá importantes implicaciones para la gobernanza del banco. La inesperada salida del presidente, José Ignacio Goirigolzarri, ha abierto la puerta a cambios significativos en el máximo órgano de decisión de la entidad. El banco ahora debe nombrar un nuevo consejero y decidir cómo cubrir el final del mandato de otros tres representantes; un movimiento que podría cambiar por completo la dinámica del consejo.

La salida de Goirigolzarri, programada para el 1 de enero, ha dejado a muchos sorprendidos. Su sucesor será el actual vicepresidente, Tomás Muniesa, quien deberá equilibrar su papel como representante de Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, con el 31% de las acciones, y su futuro rol en el consejo. Este cambio requerirá una reestructuración del consejo, ya que Muniesa no retomará las funciones ejecutivas de Goirigolzarri, algo que ha sido un punto en debate en la prensa financiera.

El Banco Central Europeo (BCE) está prestando especial atención a esta reestructuración, ya que exige que los presidentes de los bancos sean totalmente independientes, sin funciones ejecutivas. No es solo el BCE quien está al tanto de los cambios; también ciertos sectores dentro del mercado están mirando de cerca la gobernanza de CaixaBank, preocupados por cómo estos cambios pueden influir en la estabilidad del banco.

Además de la salida de Goirigolzarri, se espera que la próxima junta de accionistas, que tendrá lugar en primavera de 2025, sea un momento decisivo. En esta reunión se ratificarán no solo los nombramientos pendientes para Muniesa y el nuevo representante de Goirigolzarri, sino también la renovación de los mandatos de tres consejeros independientes cuyos mandatos expiran próximamente.

Por otro lado, el Ministerio de Economía, que posee el 18% de CaixaBank a través del FROB, juega un papel clave en el proceso de reestructuración, ya que podría incrementar su influencia en el consejo. A pesar de que el banco está legalmente obligado a desinvertir su participación pública antes de finales de 2025, el Gobierno parece inclinarse más hacia mantener su inversión y aumentar su voz en el órgano de dirección.

La Fundación La Caixa, que posee un 31%, tiene aún la capacidad de designar a un tercer miembro del consejo, lo cual también podría influir en la dinámica de poder dentro de la entidad. En este contexto, las decisiones que tomará el consejo en las próximas semanas no solo afectarán a CaixaBank, sino que también tendrán repercusiones en el sistema financiero español en su conjunto.

La próxima presentación del nuevo plan estratégico de CaixaBank por parte del consejero delegado Gonzalo Gortázar será un indicio clave de hacia dónde se dirige la entidad tras estos cambios tumultuosos. Los accionistas estará atentos, no solo a las decisiones sobre los nuevos consejeros, sino también a cómo CaixaBank se posiciona en un mercado cada vez más competitivo.