La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha dado la razón al Ministerio de Defensa en su orden de demolición de una obra considerada ilegal, situada en las inmediaciones de la Batería de Costa K-8 en Ceuta, una zona de alta seguridad militar.

Este fallo desestima el recurso administrativo presentado por los dueños de la propiedad afectada contra la resolución emitida por la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa en marzo de 2022, que había ordenado la demolición total de la construcción no autorizada.

Según información de El Faro de Ceuta, el tribunal también ha impuesto el pago de las costas judiciales a la parte demandante, aunque cabe destacar que es posible presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Contexto del caso

Los incidentes que llevaron a esta situación se remontan a mayo de 2021, cuando el general jefe de la Segunda Subinspección General del Ejército Sur impuso una multa de 1,280 euros por la realización de la obra ilegal, que consistía en la construcción de una planta con mampostería y elementos prefabricados de chapa. Esta se ubicó en terreno militar y dentro de una zona de seguridad establecida por orden ministerial.

La construcción se realizó sin la debida autorización del Ministerio de Defensa, lo que desencadenó el proceso judicial. La zona de seguridad es fundamental para garantizar el aislamiento y defensa de las instalaciones militares, permitiendo un uso estratégico de los recursos en situaciones críticas.

Resolución y demolición

En respuesta a la infracción, el director general de Infraestructura del Ministerio ordenó en marzo de 2022 la demolición de la obra, enfatizando que la misma tenía una línea de visión directa sobre la Batería de Costa K-8 y podía ser utilizada para observación o actividades hostiles en el área.

El recurso presentado por los propietarios alegó que la construcción de aproximadamente 20 metros cuadrados no tenía capacidades de observación o ataque sobre instalaciones militares. Sin embargo, el tribunal concluyó que había evidencia suficiente de que la obra se había erigido sin autorización en la prohibida zona de seguridad, lo que representa un riesgo real para la operatividad de las fuerzas armadas.

Evidencias y medidas

Los informes presentados en el caso respaldan las decisiones del Ministerio de Defensa, justificando la sanción económica y, posteriormente, la orden de demolición. La seguridad de las instalaciones militares es una prioridad que debe ser rigurosamente respetada, y el fallo judicial refuerza la importancia de contar con la aprobación del ministerio para cualquier construcción en áreas sensibles.

Este caso no solo subraya la seriedad de las regulaciones de seguridad alrededor de las instalaciones militares en España, sino que también sirve como un recordatorio de que el incumplimiento de las normativas puede conllevar consecuencias severas, incluso la eliminación de estructuras construidas de forma ilegal.