La Fiscalía de Madrid ha solicitado una condena de cuatro años y nueve meses de prisión para Carlo Ancelotti, el célebre entrenador del Real Madrid, por presuntamente defraudar 1.062.079 euros a la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. Este monto ha sido recuperado por la Agencia Tributaria mediante un embargo, creando una deuda total de 1.217.958,24 euros, la cual incluye un recargo de 243.593,71 euros y 47.298,10 euros correspondientes a intereses.

El Ministerio Público imputa a Ancelotti dos delitos contra la Hacienda Pública y reclama una multa que podría ascender a 3.186.237 euros según se detalla en el escrito de acusación. El entrenador deberá enfrentarse a la justicia el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid.

La acusación sostiene que, a pesar de que Ancelotti confirmó su residencia fiscal en España y su domicilio en Madrid, solo incluyó en sus declaraciones fiscales los ingresos del trabajo percibidos del Real Madrid, mientras que omitió los rendimientos asociados a la explotación de sus derechos de imagen, que intentó aparentar haber cedido a otras entidades.

El 4 de julio de 2013, el acusado firmó un contrato como entrenador del Real Madrid válido hasta el 30 de junio de 2016, que especificaba su salario y los rendimientos derivados de la cesión de sus derechos de imagen al club. A pesar de haber residido en España desde 2013, que fue el año en que comenzó su relación laboral con el club, Ancelotti anticipó el fin de su contrato el 25 de mayo de 2015. Sin embargo, desde su llegada a España, obtuvo 14.867.622,25 euros de los cuales debería haber tributado en 2015.

La Fiscalía describe cómo el entrenador utilizó un complejo entramado de fideicomisos y compañías para evadir el pago de impuestos sobre los ingresos de sus derechos de imagen. Según se detalla, Ancelotti simuló la cesión de sus derechos a entidades que carecían de actividad real, ubicadas fuera de España, con la intención de obscurcer la realidad ante la Hacienda española.

La denuncia enfatiza que Ancelotti firmó un contrato privado el 1 de julio de 2013 donde cedería sus derechos de imagen a la entidad Vapia Limited por un total de 25 millones de euros, aunque el acuerdo posteriormente fue modificado cambiando la duración y el importe, algo que él no notificó debidamente al club.

A lo largo de su gestión en el club, se evidenció que el entrenador no solo se benefició económicamente, sino que también ocultó información sobre dos propiedades en el extranjero, lo que causó un perjuicio adicional a la Hacienda española. Según cifras, los ingresos por la explotación de esos derechos de imagen alcanzaron cifras estratosféricas, sin que Ancelotti, ni las entidades involucradas, hayan declarado adecuadamente esos montos. Esto llevó a que la Hacienda española determinara un perjuicio de 1.062.079 euros debido a las declaraciones erróneas presentadas en 2014 y 2015.

Este caso ha generado gran agitación en el mundo del deporte y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad fiscal de los deportistas de élite, quienes a menudo utilizan estrategias complejas para minimizar sus obligaciones tributarias. Todos los ojos están puestos en el juicio, que podría sentar un precedente en la lucha contra el fraude fiscal en el ámbito deportivo.