Los gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele han estrechado sus lazos en temas de seguridad y migración, enfrentando desafíos legales tras las decisiones tomadas en los últimos meses. Esta controversial cooperación ha generado un intenso debate sobre los derechos humanos y el debido proceso, especialmente en el contexto de la reciente deportación de migrantes desde Estados Unidos hacia El Salvador.

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, llegó a El Salvador esta semana, donde destacó su visita a la emblemática cárcel de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), justo antes de su reunión con el presidente Bukele. Noem no solo se reunió con Bukele para hablar sobre temas de seguridad, sino que también dejó claro el compromiso de Estados Unidos de apoyar la lucha contra la migración ilegal.

La embajada de EE.UU. en El Salvador compartió imágenes de este encuentro, donde Noem enfatizó la necesidad de trabajar juntos para enfrentar la violencia y el crimen organizado que afectan ambas naciones. Durante su visita, mencionó que aquellos que ingresen a EE.UU. de manera ilegal podrían enfrentar severas consecuencias, incluyendo deportación a estas instalaciones penitenciarias.

Sin embargo, la deportación de casi 200 venezolanos a El Salvador ha suscitado polémica debido a la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación muy cuestionada que no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial. Esta decisión provocó un choque judicial con el juez federal James Boasberg, quien impuso una orden que limita el uso de esta ley para futuras deportaciones.

Bukele, a su vez, se ha ofrecido a recibir a "criminales peligrosos"897 que cumplan condenas o estén bajo custodia en EE.UU., lo cual ha provocado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Se estima que el acuerdo entre Trump y Bukele incluye un pago significativo por la recepción de cada deportado, alcanzando hasta 20,000 dólares por año, lo que se traduce en millones para el país centroamericano.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado la situación de los deportados, describiendo a El Salvador como un "Guantánamo centroamericano" donde los derechos de los migrantes son sistemáticamente violados. Además, el gobierno de Venezuela ha rechazado vehementemente estas deportaciones, calificándolas de prácticas anacrónicas y violatorias de derechos fundamentales.

A pesar del rechazo, la cooperación entre ambos gobiernos parece estar más fuerte que nunca, con nuevos acuerdos en camino. La actual situación plantea preguntas sobre el futuro de los migrantes y el respeto por los derechos humanos en el contexto de la lucha por la seguridad.

El viaje de Noem a El Salvador marca solo la primera etapa de su gira por América Latina, que también comprende visitas a Colombia y México, donde se seguirán abordando temas de cooperación en materia de seguridad.