Italia ha dado un paso polémico al comenzar a deportar migrantes rescatados en el Mediterráneo a Albania, un país que no forma parte de la Unión Europea. Este primer barco militar, cargando 16 personas, ya se encuentra en su trayecto hacia la costa albanesa, mientras el Gobierno de Giorgia Meloni se apresta a poner en marcha un campo de internamiento en Gjadër, que estaba previsto desde hace seis meses. Aquí, los migrantes pasarán por un proceso acelerado de gestión de solicitudes de asilo y, si es necesario, de repatriación, lo que ha generado amplias críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.

Este nuevo protocolo busca endurecer los requisitos de entrada para migrantes y ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea, lo que ha despertado el interés de diversos países que consideran la posibilidad de imitarlo. No obstante, existen dudas sobre su efectividad. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE ha reducido drásticamente de 22 a 7 el número de países considerados seguros para las deportaciones, excluyendo a los principales países de origen de los migrantes, como Bangladés, Túnez, Egipto y Libia; solo cabría mencionar a Cabo Verde y algunos países balcánicos.

La situación se complica aún más si consideramos que de los 16 migrantes en el barco, 10 provienen de Bangladés y 6 de Egipto. Esto podría generar un choque entre el Gobierno italiano y los jueces encargados de aplicar la sentencia de la UE, ya que podría haber solicitudes de procedimientos abreviados que no se puedan llevar a cabo. Si esto ocurre, estos migrantes no podrían ser detenidos y, al no poder permanecer en Albania, tendrían que ser devueltos a Italia.

Mientras tanto, las llegadas de migrantes han disminuido, gracias a los acuerdos que Italia ha establecido con Túnez y Libia, que han logrado reducir las llegadas a 53,000 desde el inicio del año, en comparación con 139,000 en el mismo período del año anterior. Dario Belluccio, abogado en ASGI, opina que la reciente sentencia será un gran obstáculo y cuestiona cómo el Gobierno italiano planea esquivarla.

En el contexto italiano, un 90% de las solicitudes de detención para procedimientos acelerados en tribunales de Palermo y Catania están siendo rechazadas. El Ministro de Interior, Matteo Piantedosi, ha señalado que esto representa una 'resistencia ideológica' de parte de los jueces.

El Gobierno italiano estima que el nuevo centro en Albania podría recibir hasta 36,000 migrantes al año, pero el insignificante número de deportados en este primer viaje, donde solo se transporta a 16 personas, plantea serias dudas sobre la viabilidad del plan. Las críticas también se centran en el alto costo de este sistema, con inversiones que ascienden a 800 millones de euros en cinco años.

Además, el cerco legal resulta prácticamente imposible, dado que solo se aplicará a aquellos migrantes que sean rescatados por embarcaciones italianas, dejando fuera a aquellos que llegan por cuenta propia o quienes son auxiliados por ONG. En este sentido, la falta de cooperación de las ONG en los rescates agrava aún más la situación.

Las mujeres, menores de edad, enfermos y personas en situaciones vulnerables no se verán afectados por este proceso, lo que limita aún más la cantidad de personas que realmente podrían ser deportadas a Albania. Con este panorama, la cuestión clave será cómo se llevará a cabo el procedimiento de asilo en un plazo de 28 días, y si realmente se respetarán los derechos fundamentales de los migrantes.

El Gobierno de Giorgia Meloni promete que este es solo el inicio de una serie de medidas para 'frenar la inmigración', pero la real eficacia de este plan, desde sus métodos hasta sus repercusiones legales, se encuentra en entredicho. Todo indica que los evasivos resultados de esta estrategia volverán a poner a Italia en el centro de un nuevo debate sobre inmigración y derechos humanos en Europa.