Casi tres semanas después de que Adeslas y Asisa decidieran presentar sus propuestas en la nueva licitación de Muface, el organismo dirigido por Cristina Herrero sugiere que el servicio debe desaparecer progresivamente. En un informe esperado y que ha estado en manos del Gobierno durante meses, la AIReF plantea que los nuevos funcionarios se incorporen directamente al Sistema Nacional de Salud (SNS) de forma gradual, pero condicionado a un aumento paralelo de los recursos destinados a la sanidad pública.

La AIReF destaca que, en la actualidad, el 72% de los nuevos mutualistas ya prefieren la provisión pública frente a las aseguradoras privadas. Unos datos que revelan que, hasta finales de 2024, existían 1,05 millones de funcionarios en cartera con compañías como Adeslas, Asisa y DKV, en comparación con los 506.756 que optan por el sistema de sanidad pública.

Asimismo, la recomendación de la AIReF implicaría que la cartera de servicios de Muface no aumente, lo que llevaría a su eventual desaparición en los años siguientes. La AIReF también subraya la importancia de un proceso gradual, considerando las listas de espera en el sistema, que deben ser evaluadas junto a los "instrumentos y alternativas que podrían contribuir a mejorar la situación actual."

Según estimaciones de AIReF, trasladar 1,6 millones de funcionarios a la sanidad pública significaría un incremento de 0,9 consultas adicionales por día en atención primaria y un aumento del 30% en las consultas especializadas por cada 1.000 habitantes. Esto se traduce en un cambio significativo en la atención quirúrgica, aumentando en un 7,2% la carga de pacientes.

Además, se propone transformar la actual obligación de pertenencia a Muface en un régimen totalmente voluntario. Es importante recordar que, aunque actualmente los funcionarios tienen que optar por el sistema mutualista, pueden elegir entre la sanidad privada y pública. La elección entre sistemas, aunque sigue siendo favorable a las aseguradoras, se vuelve relevante especialmente en patologías severas, donde un 66% de las hospitalizaciones graves de mutualistas son atendidas en instituciones públicas.

En el caso de los mutualistas menores de 40 años, esta cifra puede elevarse al 90%, lo que señala una clara preferencia por la atención pública en los casos de mayor gravedad. Según la AIReF, esta reforma podría racionalizar el sistema, generando ahorros para los funcionarios y para las arcas públicas al eliminar el coste impuesto a aquellos que decidan abandonar el sistema mutualista.

Además de la reforma de Muface, se proponen múltiples medidas que buscan fortalecer la dimensión sanitaria del mutualismo administrativo, mejorando la eficiencia y eficacia del sistema actual. Esto incluye la optimización de los sistemas de información sanitaria, una mejor coordinación con el SNS, y el impulso de la historia clínica digital.

En el ámbito farmacéutico, se sugiere optimizar la adquisición de medicamentos hospitalarios y fomentar el uso de genéricos y biosimilares. Es conocido que los centros privados frecuentemente duplican o incluso sextuplican el coste de medicamentos en comparación con el sistema público. Con respecto a los medicamentos genéricos, su uso se da en un 40% en la modalidad pública comparado con solo un 32% en la privada, revelando importantes disparidades que deben ser abordadas.

Las recomendaciones de la AIReF se hacen eco de la reciente confirmación de que Adeslas y Asisa mantendrán su participación en Muface hasta, al menos, 2027, cuando se espera que se implemente una mejora en las condiciones económicas que incluyen incrementos del 41,2% en las primas.

El futuro del sistema de Muface también se encuentra en la cuerda floja, ya que la tercera aseguradora, DKV, sigue siendo reticente a participar. Por otro lado, el Gobierno ha tenido que ajustar su presupuesto para sostener la continuidad de Muface y ha incluido cláusulas para restablecer el equilibrio financiero en caso de que surjan "riesgos imprevisibles", similar a lo que ocurrió durante la pandemia.

La transformación del sistema presenta una oportunidad única para mejorar la calidad de atención médica y asegurar que todos los funcionarios, independientemente de su elección, reciban el mejor servicio posible.