La Fiscalía se opone a elevar el Caso ERE

La Fiscalía Anticorrupción ha expresado su oposición a que la pieza política del Caso ERE sea elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tal como se sugirió desde la Audiencia de Sevilla. El Ministerio Público argumenta que debe prevalecer el criterio del Tribunal Constitucional, que el verano pasado redujo de manera significativa 10 de las condenas que afectaron a la Junta de Andalucía por los delitos de malversación y prevaricación. Estos magistrados argumentan que se violó el Derecho europeo en esas resoluciones y, la semana anterior, plantearon su elevación al TJUE, a lo que la Fiscalía ha respondido en desacuerdo.

Argumento de la Fiscalía

El argumento central de la Fiscalía destaca que “la primacía del Derecho de la Unión no exime a los órganos jurisdiccionales de respetar el principio de legalidad penal”. Según los fiscales, el Tribunal Constitucional actuó de manera acordada al dictar sus sentencias, sin infringir normas europeas: “No hay duda de que el Tribunal Constitucional no se extralimita al anular una resolución judicial si considera que dicha resolución incurre en aplicaciones extensivas o analogías in malam partem de un tipo penal”, explican.

Situación actual del caso

Hasta ahora, permanece incierto el desenlace del conflicto iniciado por la Audiencia al plantear esta cuestión al tribunal de Luxemburgo, eludiendo la nueva redacción de esas 10 sentencias que el Constitucional respaldó. A pesar de que el plazo para las partes implicadas — Fiscalía, defensas y acusaciones, como el PP y Manos Limpias — finalizaba el miércoles pasado, un recurso de Griñán podría extender el proceso; posteriormente, el tribunal deberá tomar una decisión. A su vez, el Constitucional podría anular las decisiones de la Audiencia si considera que sus sentencias prevalecen, según los artículos 4 y 92 de la ley orgánica del tribunal de garantías.

Postura de la Fiscalía sobre la malversación

En la pieza política del caso ERE, la Fiscalía ha acusado de manera constante a los ex políticos implicados de malversación y prevaricación, alineándose con la última posición de la Audiencia de Sevilla, el primer tribunal que condenó a 19 ex altos cargos, y con el Tribunal Supremo, el cual ratificó sus tesis en una sentencia en 2022. Sin embargo, la Fiscalía se distancia del criterio de la Audiencia, argumentando que la opinión del Constitucional debe prevalecer ya que no choca con el derecho europeo y, por lo tanto, el caso no debe ser elevado a Luxemburgo.

Derechos fundamentales y el TJUE

Con la mirada sobre los derechos fundamentales, la Fiscalía destaca que el Tribunal de Justicia de la UE ha dejado claro en múltiples resoluciones que los jueces deben interpretar la legislación nacional de acuerdo con las normas de la UE, pero esto no debe llevar a ignorar las resoluciones de tribunales superiores, como en este caso el Constitucional, que tiene la última palabra en cualquier sentencia en España.

Consideraciones sobre los intereses financieros de la UE

Recientemente, la Audiencia consideró que las sentencias del Constitucional habían impactado los intereses financieros de la Unión Europea. Sin embargo, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra disienten de esta postura, afirmando que “los hechos enjuiciados no se encuentran dentro del marco de aplicación del artículo 325 TFUE, pues las conductas que constituyen el objeto del proceso no afectaron a los intereses financieros de la UE”.

Resolución de dudas por el Tribunal Constitucional

Los fiscales también han indicado que las dudas que la Audiencia podría tener pueden ser resueltas por el propio Tribunal Constitucional sin necesidad de remitir el caso a Luxemburgo: “Estas dudas, a la luz del criterio establecido por el Tribunal Supremo, pueden ser aclaradas por el propio TC”. La situación es histórica, ya que nunca antes una Audiencia Provincial había corregido la interpretación de un tribunal de garantías en Democracia, lo que resalta la importancia del enfrentamiento producido por los jueces de Sevilla.

Consecuencias de la situación actual

En un contexto que se agrava, los 10 ex altos cargos condenados permanecen en libertad a la espera de que se ejecuten y se reescriban sus sentencias por parte de la Audiencia de Sevilla. Este caso ha capturado la atención no solo de España, sino de toda Europa, renovando el debate sobre la justicia y la lucha contra la corrupción en el ámbito político.