El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tomado una decisión definitiva este viernes, respaldando la resolución del Banco Popular en junio de 2017 y su posterior venta al Banco Santander por solo un euro. Esta sentencia rechaza de forma contundente las demandas de indemnización interpuestas por accionistas y acreedores que sufrieron pérdidas significativas.

La corte, con sede en Luxemburgo, ha rechazado los recursos de casación presentados por un grupo de particulares y fondos de inversión, incluyendo a Aeris Invest, que impugnaban la anterior decisión del Tribunal General de la UE, la cual había validado el proceso de liquidación de la entidad.

Las acusaciones de los afectados eran variadas. Argumentaban que la decisión del Tribunal General había sido errónea, al no considerar que la resolución violaba sus derechos de propiedad. También sostenían que la crisis de liquidez que enfrentaba Banco Popular no justificaba del todo la resolución y cuestionaban la falta de alternativas menos severas antes de proceder a la liquidación. Afirmen que la Junta Única de Resolución (JUR) había violado su obligación de confidencialidad, al conceder una entrevista a la prensa antes de hacer pública su resolución.

Sin embargo, en un fallo del que no cabe recurso, el TJUE desestimó todas los argumentos presentados. Según la corte, la conversión y amortización de los instrumentos de capital del Banco Popular en el marco de la liquidación no constituyó una intervención desmedida ni intolerable que infringiera el derecho de propiedad de los accionistas. Más bien, se trató de una restricción justificada y proporcional, según el fallo.

Además, el TJUE señaló que aspectos del informe de la JUR, conocido como "valoración 2", deben permanecer en secreto profesional, lo que significa que los demandantes no tienen derecho a acceder a toda la información relacionada con el caso. Los magistrados también resaltaron que no se habían probado medidas alternativas viables a la liquidación que pudieran haberse implementado en lugar de la decisión tomada por la JUR.

Este caso ha desatado un intenso debate en Europa acerca de la regulación del sector bancario y la responsabilidad de las instancias regulatorias durante crisis financieras. La liquidación del Banco Popular se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo las decisiones en el ámbito de la política bancaria pueden afectar la economía de miles de inversores y contribuir al debate sobre la protección de los derechos de propiedad de los ciudadanos europeos.

¿Qué implicaciones tendrá esta decisión para futuros casos similares? La comunidad financiera está atenta, pues la sombra del caso Popular podría influir en la regulación bancaria y la confianza de los inversores en el sistema.