Donald Trump, en su afán por consolidar el poder, había declarado en campaña que, si lograba volver a la presidencia, actuaría como un dictador desde el primer día. Desde su regreso triunfal a la Casa Blanca, ha estado forzando los límites del poder ejecutivo, invadiendo competencias del legislativo con una oleada de decretos y desafiando abiertamente a los jueces. Esta peligrosa deriva autoritaria está llevando a Estados Unidos hacia una crisis constitucional que podría poner en jaque el sistema de controles y equilibros que ha sostenido la democracia americana durante casi 250 años.

La reciente escalada de tensiones se produjo cuando Trump aplicó una ley del siglo XVIII diseñada para tiempos de guerra, permitiéndole deportar a inmigrantes sin las debidas garantías, como había prometido. Esta medida provocó la intervención del juez federal James Boasberg, quien detuvo la deportación inmediata de cientos de venezolanos hacia El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha sido acusado de violaciones de derechos humanos. Ante esta decisión, Trump reaccionó exigiendo un juicio político (impeachment) contra el juez, acusándolo de ser un “juez lunático de la izquierda radical”.

El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, defendió la independencia del poder judicial, subrayando que el impeachment no es un recurso adecuado ante desacuerdos sobre decisiones judiciales. Esta defensa fue crucial, ya que muestra la resistencia del sistema judicial ante los ataques del presidente. Mientras tanto, Elon Musk se involucró, donando a congresistas que apoyan desplazar judicialmente a los jueces críticos del gobierno.

En el transcurso de la semana, los abogados de la Administración Trump han estado en un tira y afloja con el juez Boasberg, quien busca establecer si su orden fue efectivamente ignorada. Cabe destacar que un juez de Rhode Island también dictó que el gobierno federal estaba reteniendo ilegalmente fondos, lo que demuestra una tendencia mucho mayor de abuso de poder en la administración.

Durante los últimos dos meses, Trump ha firmado decretos de dudosa legalidad, que han terminado siendo un ataque frontal contra el Estado de derecho, incluyendo la intención de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, congelar fondos aprobados por el Congreso y despedir a inspectores generales sin cumplir con requisitos mínimos. David Super, profesor de Derecho, sostiene que Trump está ampliando agresivamente los poderes presidenciales a expensas del legislativo y del judicial.

Expertos como Alex Keyssar alertan que, aunque no estamos en una crisis constitucional abierta, estamos peligrosamente cerca de un colapso en la que las reglas constitucionales pierden su poder. Jessica Silbey resalta que la administración Trump está desafiando lo que entendemos como normas democráticas. Además, más de 1,000 académicos de Derecho han firmado una carta advirtiendo sobre las acciones ilegales del presidente, acentuando que la ley no debería estar sujeta a su interpretación personal.

El desafío abierto a las decisiones de los jueces y su declaración de querer limitar el poder de estos es parte de una estrategia más grande. Trump y sus aliados han empezado a cuestionar la legitimidad judicial, argumentando que los jueces no tienen poder para anular los resultados electorales, dejando así un precedente alarmante sobre el respeto a las decisiones judiciales. Esta narrativa ha sido reforzada por declaraciones polémicas que deslegitiman a quienes se oponen a su administración.

Sin embargo, la cuestión acerca de si realmente estamos en una crisis constitucional sigue en debate. Algunos expertos sugieren que lo que ocurre es una manifestación de una lucha de poderes donde el ejecutivo busca desplazar al judicial y al legislativo con un enfoque potencialmente desastroso para el futuro democrático del país. La resistencia que enfrenta de las instancias judiciales podría ser la última barrera entre el autoritarismo y la democracia en América.