Después de dos intensos días en el tribunal de Madrid, el juicio que involucra al reconocido entrenador de fútbol Carlo Ancelotti ha llegado a su conclusión, esperando una sentencia que podría impactar tanto su carrera como su reputación. Durante su intervención final, su abogado, Carlos Zabala, argumentó que «el señor Ancelotti no tenía muy claro lo que estaba firmando», en alusión a su contrato con el Real Madrid. Este alegato ha hecho que las especulaciones sobre el conocimiento del entrenador italiano respecto a sus obligaciones fiscales crezcan exponencialmente.

El letrado, defensor de la absolución de Ancelotti, sostiene que esta situación podría haberse resuelto de manera administrativa y no penal, acusando a la administración fiscal española de querer someter al técnico a un «escarnio público». «Ancelotti estuvo mal asesorado, hay muchas inconsistencias en la documentación presentada. ¿Qué tipo de defraudador presenta dos declaraciones en distintos lugares? ¡Es un despropósito!», subrayó Zabala con fervor.

Por su parte, durante su declaración, el propio Ancelotti aseguró que en ningún momento tuvo la intención de cometer fraude y reveló que fue el club quien le sugirió una forma de remuneración de este tipo. El entrenador italiano acordó recibir 6 millones de euros (aproximadamente 6,5 millones de dólares) netos por cuatro temporadas, de las cuales cumplió dos. Además, señaló que fue el club el que propuso que el 15% de su salario provendría de derechos de imagen.

Según la Fiscalía, Ancelotti declaró sus ingresos como técnico en 2014 y 2015, pero no incluyó las ganancias de derechos de imagen ni de otras fuentes, como ciertas propiedades inmobiliarias, lo que ha llevado a la acusación de fraude.

Los ingresos derivados de los derechos de imagen alcanzaron los 1,2 millones de euros en 2014 (1,3 millones de dólares) y 2,9 millones (3 millones de dólares) en 2015, de acuerdo con el Ministerio Público.

Durante su declaración, el técnico merengue matizó que al llegar al equipo en julio de 2013, firmó un contrato federativo que estipulaba que un 15% de su salario sería por derechos de imagen, señalando que nunca le dio gran importancia a estos, al considerar que los jugadores suelen ser quien generan más ingresos al club al vender camisetas. Sin embargo, lo que parecía ser un simple acuerdo entre un club y su entrenador se ha convertido en un caso judicial que podría marcar un antes y un después en la historia de la fiscalización de los deportistas en España.

El juicio ha atraído la atención de los medios y afición, quienes no solo esperan el veredicto, sino que se cuestionan cómo podrían evolucionar las relaciones entre los clubes de fútbol y sus entrenadores en asuntos fiscales en el futuro. ¡No te pierdas las próximas actualizaciones de este intrigante caso!