Rafael Louzán se perfila como uno de los principales candidatos en la carrera electoral para la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Actualmente es presidente de la Federación Gallega y cuenta con un sólido respaldo de los barones del fútbol español. Su experiencia en la gestión futbolística lo coloca en una posición privilegiada para asumir el mando de la RFEF.

Sin embargo, su trayectoria no está exenta de controversias. En mayo de 2022, Louzán fue condenado por prevaricación en relación con las obras de mejora del campo de fútbol de Moraña. Aunque fue exonerado de las acusaciones de fraude, la sentencia incluyó una inhabilitación de siete años para ejercer cargos públicos. Esta situación plantea serios interrogantes sobre su elegibilidad como candidato.

La normativa electoral de la RFEF, así como la orden ministerial que regula estos procesos, especifican que aquellas personas que han sido condenadas y tienen una inhabilitación vigente no pueden ser elegibles para la presidencia de la Federación. Como señala la experta en derecho deportivo Irene Aguiar, existe una serie de supuestos de inelegibilidad, uno de los cuales es estar inhabilitado para el ejercicio de un cargo público.

Sin embargo, Louzán ha recurrido la sentencia de inhabilitación, lo que significa que su condición legal está actualmente en suspenso. Mientras el recurso sea considerado, no se aplica la inhabilitación, permitiéndole así continuar en el cargo y presentarse en las elecciones.

Nicolás de la Plata, profesor en la Universidad Europea de Madrid, indica que esta es la primera vez que la regulación electoral incluye inhabilitaciones como causa de inelegibilidad. A pesar de que la RFEF opera como una entidad privada, su proceso electoral está regulado por normativas que contemplan estas limitaciones legales.

Un aspecto que complica el caso de Louzán es que, si después de ser elegido presidente se confirmara la condena, caería en lo que se conoce como inelegibilidad sobrevenida, lo que podría llevar a su cese inmediato. Este fenómeno ha sido observado anteriormente en otros miembros de federaciones deportivas, quienes han tenido que abandonar sus cargos cuando han dejado de cumplir ciertos requisitos.

Por lo tanto, la situación de Louzán no solo se limita a si puede presentarse, sino que plantea un complejo entramado legal sobre lo que ocurriría si la sentencia se ratifica después de su elección. La falta de precedentes claros en relación con estas nuevas regulaciones también suscita dudas sobre cómo se manejarían situaciones similares en el futuro.

Mientras tanto, el fútbol español sigue en un estado de incertidumbre ante esta candidatura. Louzán podría convertirse en el nuevo presidente de la RFEF, pero una vez más la justicia podría tener la última palabra. Sin duda, el próximo capítulo de esta historia estará lleno de sorpresas y puede que lleve a un final inesperado para el fútbol español.