El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un momento crítico este jueves con una votación que podría definir el rumbo de su legislatura. La reforma fiscal, que incluye un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales, se encuentra en peligro debido a las tensiones entre los socios de investidura y el Ejecutivo. La falta de consenso ha puesto en riesgo no solo la aprobación de esta normativa esencial, sino también la estabilidad del propio Gobierno.

Un Laberinto de Demandas

En una reunión maratoniana, el Gobierno intentó articular un equilibrio delicado entre las exigencias de sus múltiples socios. Por un lado, partidos como Esquerra Republicana (ERC), Bildu y el BNG presionaron por la extensión del impuesto extraordinario a las compañías energéticas durante un año adicional, argumentando que esta medida es crucial para avanzar hacia una mayor justicia fiscal. Por otro lado, Junts recibió la promesa de que se eximirá del impuesto a las empresas que inviertan en descarbonización, lo que privilegiaría a las grandes compañías que ya invirtieron más de 23.500 millones de euros en sostenibilidad el año pasado.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, defendió esta postura al afirmar que tal medida "beneficia directamente el bolsillo de los catalanes" al evitar aumentos en las tarifas de luz, gas y combustibles. No obstante, desde ERC, Pilar Vallugera insinuó que ambas posturas no son mutuamente excluyentes, aunque reconoció que alguna de las partes debería ceder. Como resultado, la negociación se ha estancado y la reforma fiscal sigue en el aire.

Para intentar garantizar el éxito de la votación, el Gobierno ha decidido separar el impuesto a las energéticas de la reforma general, prometiendo tratarlo en un decreto ley específico. La estrategia busca comprar tiempo y apaciguar a los socios más críticos, aunque no ha logrado convencer a todos. Podemos, en particular, ha intensificado su resistencia y ha amenazado con bloquear todo el proyecto si no se establece un impuesto permanente para las grandes empresas del sector. Este partido ve en esta situación una oportunidad para reposicionarse políticamente tras los resultados de las elecciones generales que lo relegaron en el bloque progresista.

"No habrá reforma fiscal sin un impuesto permanente a las energéticas", advirtieron desde Podemos, emitiendo un ultimátum al PSOE y resaltando su disposición para tensar relaciones dentro del bloque gubernamental. Irene Montero, eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, reveló que el PSOE ha admitido que el acuerdo con ERC, Bildu y BNG sobre el impuesto a las energéticas "es una falacia" y que "no se ejecutará porque Junts no lo respaldará".

Dificultades en el Acuerdo

Mientras tanto, otros aspectos de la reforma también están generando controversia. Medidas como el incremento del IVA para el alquiler turístico, el aumento fiscal de las Socimis y la creación de un impuesto sobre bienes de lujo han sido descartadas, provocando descontento en Sumar, cuyo portavoz adjunto, Aina Vidal, calificó el acuerdo como "insuficiente". Sin embargo, algunas decisiones han progresado, como el aumento del IRPF sobre ingresos superiores a 300.000 euros, que pasará del 28% al 30%, además de nuevos impuestos sobre tabacos y cigarrillos electrónicos. A pesar de estos avances, la incertidumbre sobre la votación persiste, ya que hay varios detalles del texto aún sin definir.

La Presión de Bruselas

La Unión Europea ha subrayado la necesidad de implementar el impuesto mínimo a las multinacionales antes del 1 de enero, bajo la amenaza de sanciones. Este elemento, que debería ser el menos polémico, ha quedado ensombrecido por las disputas internas y la inclusión de medidas nacionales en el paquete fiscal. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, criticó fuertemente al Gobierno, acusándolo de "aprovechar una norma europea para colar un monto de medidas adicionales".

El Gobierno ha manifestado su confianza en que se lograrán acuerdos, como declaró la ministra portavoz, Pilar Alegría: "No somos ingenuos. Negociar en temas fiscales no es fácil, pero hemos demostrado nuestra capacidad para alcanzar consensos". Sin embargo, las contradicciones en las promesas a sus socios ponen a prueba dicha capacidad, dejando a muchos cuestionando la viabilidad de la reforma fiscal.