El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano, revelado este martes por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, promete ofrecer alivio a una población libanesa agotada y evitar que el país se convierta en una nueva Gaza. Sin embargo, deja varios cabos sueltos que podrían transformarlo más en un cese temporal de hostilidades que en una paz sostenible.

Uno de los puntos más polémicos es el apoyo estadounidense que permite a Israel llevar a cabo bombarderos en Líbano, no solo en caso de represalias, sino cuando decida que Hezbolá está violando el acuerdo. Netanyahu ha dejado claro que Israel responderá “con fuerza” ante el mínimo incumplimiento, lo que hace temer un regreso a la violencia en el futuro cercano.

Los ciudadanos israelíes, temerosos de revivir la situación posterior a la guerra de 2006, han visto con cautela este acuerdo. En dicha guerra, Hezbolá logró fortalecer su posición en el sur del país, acumulando fuerza militar a pesar de las restricciones impuestas por la ONU.

Israel ha reiterado que no permitirá la reagrupación de Hezbolá en áreas estratégicas como el sur del río Litani. Ese territorio es clave, ya que Hezbolá ha establecido una fuerte presencia allí, con divisiones políticas, militares y sociales que lo vinculan profundamente con la comunidad chiíta local. Por tanto, la organización ha ganado apoyo popular, viéndose como la única barrera eficaz contra Israel.

Mientras tanto, uno de los representantes de Hezbolá, Hasan Fadlallah, ha afirmado que después de la guerra, la organización se dedicará a ayudar a más de un millón de desplazados a regresar a sus hogares y reconstruir lo que los ataques israelíes han devastado. Sin la cooperación de Hezbolá, señala el analista Zvi Barel, el acuerdo podría carecer de significado práctico, dado que la organización no solo no será desarmada, sino que sus capacidades seguirán intactas.

Además, se le ha encomendado al Gobierno libanés la supervisión de la venta y producción de armamento, una tarea complicada debido a su falta de estabilidad política y a la ausencia de un presidente desde hace dos años. Esto genera dudas sobre la imparcialidad del proceso, especialmente con Estados Unidos liderando la supervisión, lo que podría dar lugar a acusaciones de sesgo.

El acuerdo también se ha comprometido a fomentar negociaciones indirectas para alcanzar un trazado fronterizo reconocido internacionalmente, algo que el Gobierno de Beirut ha estado demandando desde hace años. El punto crítico es que Israel, que se encuentra en una posición de fuerza y centrado en su rivalidad con Irán, no tiene incentivos claros para ceder en este punto.

En cuanto a la reconstrucción de Líbano, las estimaciones son alarmantes. El Banco Mundial ha calculado las pérdidas económicas por los recientes conflictos en 8.500 millones de dólares, con alrededor de 100,000 unidades habitacionales destruidas y 166,000 personas sin empleo. La contracción del PIB del país se estima en un 6.6% para este año, lo que resulta de una crisis económica que ha dejado al país con pérdidas acumuladas del 34% en los últimos cinco años. Esta sombría realidad plantea serias preguntas sobre la viabilidad del acuerdo y la estabilidad futura de la región.