La recién nombrada ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, no tendrá tiempo que perder en su nuevo cargo. Hereda una serie de desafíos importantes de su predecesora, Teresa Ribera, quien dejó sobre la mesa varios temas cruciales que requieren atención inmediata. Uno de los más apremiantes es la prórroga del impuesto energético, cuya vigencia está en juego a partir del 1 de enero.

Aagesen, una experta en complejas negociaciones y responsable de conseguir la excepción ibérica durante la crisis de precios energéticos, tendrá que navegar por aguas turbulentas desde el primer día. Los actores del sector energético están atentos a cómo manejará la situación, especialmente en lo que respecta al futuro de las centrales nucleares, tema que ha generado tensiones en sus interacciones con el ministerio.

El reciente acuerdo sobre la reforma fiscal, aprobado en el Congreso entre los socios de Gobierno (PSOE y Sumar) y otros grupos de investidura (ERC, PNV, Bildu, Junts), dejó de lado la posibilidad de prorrogar el impuesto energético que estaba en vigor desde el verano de 2022. En las próximas semanas, una comisión integrada por diversos grupos parlamentarios trabajará para encontrar un consenso sobre la continuidad de este gravamen, que podría ser extendido hasta el 1 de enero de 2025, junto con el gravamen bancario.

Sin embargo, las diferencias entre partidos son evidentes. Por un lado, Junts se opone al tributo, argumentando que podría poner en peligro las inversiones de Repsol en Tarragona, crucial para la comunidad autónoma. El PNV también está indeciso, considerando el impacto de las inversiones energéticas en el País Vasco. Mientras tanto, los partidos de izquierda abogan por su permanencia, justificándolo como una medida para aumentar la recaudación a partir de los beneficios millonarios de las energéticas.

Desde que Teresa Ribera asumió el cargo en 2018 tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, las eléctricas han seguido de cerca los movimientos del ministerio, que ha evolucionado hacia una mayor preocupación por el cambio climático y el medio ambiente. La relación con empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol ha mejorado significativamente, especialmente después de la implementación del Plan de Energía y Clima, el cual Aagesen contribuyó a desarrollar.

Sin embargo, ahora Aagesen necesita trabajar para reparar esa relación deteriorada, alimentada por el descontento de ejecutivos como Josu Jon Imaz de Repsol, quien ha sido crítico con las decisiones de Ribera en los últimos meses.

Entre los asuntos urgentes que Aagesen deberá abordar se encuentra la planificación del cierre de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. Este proceso, previsto para iniciar en 2027, debe comenzar a gestionarse rápidamente si el Gobierno pretende cumplir con sus plazos. Ribera había sostenido que el Ejecutivo seguía la agenda de cierres acordada en 2019, que contemplaba el cierre gradual de seis reactores en España hasta 2035.

A medida que se acercan las fechas límite, surgen preocupaciones sobre los riesgos de desabastecimiento energético en un momento crítico. Aunque los operadores de estas planta nucleares, principalmente Iberdrola y Endesa, afirman que se mantendrá el calendario de cierre, también insinúan que si la situación económica de las centrales mejora, podrían reevaluar su futuro en el sistema eléctrico español. En un contexto global donde la seguridad energética se vuelve cada vez más prioritaria, el futuro de la energía nuclear en España es un tema que atraerá más atención y debate en los meses venideros. ¿Está España realmente listo para prescindir de la energía nuclear?