En una sorprendente movida política, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha propuesto una reforma constitucional que transformará radicalmente la estructura de poder en el país. La reforma, presentada a la Asamblea Nacional, busca otorgar a Ortega y su esposa, Rosario Murillo, el control absoluto sobre los tres poderes del Estado, marcando un paso hacia el autoritarismo.

La ley, conocida como la Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones Exteriores, propone que Rosario Murillo asuma el nuevo título de 'copresidenta'. Juntos, ostentarían el mismo nivel de poder y serían elegidos por sufragio universal. Esta medida ha sido recibida con fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional.

La reforma afectaría más de 100 artículos de la actual Constitución, que ya ha sido enmendada en 12 ocasiones desde 2007, y busca extender el mandato de los copresidentes a 6 años, con inmunidad garantizada durante ese tiempo.

Adicionalmente, se oficializarán los "policías voluntarios" como un cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional, lo que ha suscitado preocupaciones debido a acusaciones de abusos cometidos por estas brigadas durante las protestas antigubernamentales de 2018.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ya ha expresado su rechazo a esta reforma, calificándola como una forma de institucionalizar la dictadura en Nicaragua. Líderes de la oposición en el exilio han denunciado que estas medidas representan una consolidación totalitaria del poder, además de una violación sistemática de los derechos humanos.

Ortega, quien comenzó su carrera política como guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha estado en el poder desde 2007 tras un regreso a la presidencia y ha enfrentado críticas reiteradas por procesos electorales deslegitimados y acusaciones de represiones políticas.

Bajo este nuevo esquema, el FSLN, que ya controla 75 de los 91 escaños en la Asamblea Nacional, seguirá fortaleciendo su dominio, convirtiendo a Ortega y Murillo en figuras casi imbatibles en el aparente vacío de poder generado por un debilitado sistema político.

Las implicaciones de esta reforma son alarmantes: aumenta la concentración de poder en el Ejecutivo y disminuye la posibilidad de un control legislativo o judicial real. Con la oposición prácticamente silenciada, Nicaragua enfrenta un futuro incierto, donde la democracia y los derechos humanos parecen estar en la cuerda floja. ¿Será este el capítulo final de la democracia en Nicaragua? La comunidad internacional observa con creciente preocupación.