Estados Unidos enfrenta críticas por la calidad de su educación, y el presidente Donald Trump se ha manifestado enérgicamente al respecto. "Estados Unidos no ha estado educando bien a sus alumnos desde hace mucho tiempo y todo el mundo sabe que esto es lo correcto", declaró Trump al firmar una orden ejecutiva que inicia el proceso para desmantelar el Departamento de Educación, una petición que ha sido impulsada por miembros del partido conservador.

La orden fue firmada en un evento en la Casa Blanca, donde Trump indicó que el cierre del departamento ocurriría "lo más rápido posible". Según él, el país gasta más en educación que cualquier otro, pero a la vez, se encuentra "casi al final de la lista en términos de éxito" educativo.

Sin embargo, eliminar completamente el Departamento de Educación exigirá la aprobación del Congreso, un escenario poco probable dado que la mayoría republicana no tiene suficientes votos para llevar a cabo esta acción.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el Departamento ha empezado a recortar su personal, con planes de reducir aproximadamente a la mitad su plantilla de 4,400 empleados. Este departamento, fundado en 1979, es responsable de la supervisión de la financiación de las escuelas públicas, la administración de los préstamos estudiantiles y la gestión de programas que apoyan a estudiantes de bajos recursos.

Trump y sus seguidores han criticado fuertemente al Departamento, acusándolo de adoctrinamiento a través de contenido considerado como ideología política, sexual y racial. En respuesta, la Casa Blanca ha afirmado que recortarán las secciones del departamento que aún se mantengan dentro de los límites legales.

Aún con estas medidas, muchos analistas advierten que la orden ejecutiva podría enfrentar desafíos legales, complicando aún más el ejercicio del poder ejecutivo sobre el departamento educativo. Durante la firma, Trump elogió a Linda McMahon, a quien nominó como la directora del departamento, con la intención de que sea la última en su cargo.

En un memorando dirigido al personal, McMahon habló sobre "la misión final" del departamento, convocando a los empleados a "asegurar que, cuando nuestra misión final concluya, podamos decir que dejamos la educación estadounidense más libre y fuerte". Sin embargo, la reacción del mayor sindicato de docentes del país fue una condena rotunda a los planes de Trump, alegando que su administración no se preocupa por las oportunidades educativas para todos los niños.

A pesar de que muchos piensan que el Departamento de Educación tiene el poder de establecer currículos, en realidad, esa responsabilidad recae sobre las entidades estatales y locales. La agencia tiene un rol crucial en la supervisión de programas de préstamos estudiantiles, administración de becas Pell y en la defensa de los derechos civiles en el ámbito educativo.

El presupuesto asignado al departamento para 2024 es de US$238,000 millones, representando menos del 2% del total del presupuesto federal. Las propuestas de recortes del gobierno Trump llevaron a que muchos empleados fuesen instados a jubilarse anticipadamente o despedidos, y el temor es que se pierdan hasta 2,100 puestos debido a los recortes masivos. La mayor parte de la financiación educativa en EE.UU. proviene de los gobiernos estatales y locales, y en 2024 se estimó que el país invirtió más de US$857,000 millones en educación primaria y secundaria.

Para cerrar el departamento, Trump no puede actuar solo; necesita apoyo del Congreso, lo que se complica con la actual división política. La mención de que los préstamos estudiantiles podrían ser transferidos a otra agencia también ha generado angustia entre los prestatarios, dado que más de 40 millones de estadounidenses deben más de US$1.5 billones en préstamos.

Entre los motivos de los republicanos para querer abolir el departamento está el descontento hacia lo que consideran una imposición ideológica en las aulas. La presión por ampliar las opciones escolares también ha tomado relevancia, buscando permitir a los estudiantes usar fondos públicos para asistir a instituciones educativas privadas o religiosas. Los conservadores argumentan que las funciones del Departamento de Educación pueden ser asumidas por otras entidades gubernamentales, un tema que sigue polarizando la discusión educativa en el país.