El Ministerio de Trabajo ha comenzado a delinear un conjunto de reformas laborales que se implementarán antes de que finalice el año 2024 y entren en vigor a partir de enero de 2025. Estas reformas, que abarcan desde la ampliación de permisos parentales hasta un derecho concreto a la desconexión digital, tienen como objetivo principal equilibrar la vida laboral con la personal, un tema cada vez más relevante en la sociedad actual.

Uno de los anuncios más impactantes es la propuesta de reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37.5 horas semanales. Esta medida, prevista para comenzar el 1 de enero de 2025, daría a las empresas un plazo de seis meses para adaptarse. Sin embargo, esta iniciativa ha generado un gran debate, ya que la mesa de negociación entre el Ministerio, los sindicatos y la patronal ha estado marcada por desacuerdos. La CEOE y Cepyme han rechazado la propuesta, abogando por negociaciones colectivas sectoriales que tomen en cuenta las particularidades de cada sector.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha declarado su firme intención de avanzar con estas reformas, a pesar de la oposición de la patronal. Con el fin de apoyar a las pequeñas empresas que se vean afectadas por estos cambios, el gobierno ofrecerá ayudas directas. Además, en caso de no llegar a un acuerdo con la CEOE, la ministra buscará el respaldo de los sindicatos CCOO y UGT para seguir adelante con esta reforma, en línea con los compromisos del gobierno de coalición entre PSOE y Sumar.

Otra de las reformas clave incluirá la implementación de un registro digital diario de horas trabajadas, que será obligatorio para todos los tipos de empleo. Este sistema debe ser “objetivo, fiable, accesible e interoperable”, y facilitará a los trabajadores el acceso automático a sus registros. Los representantes de los trabajadores y la Inspección de Trabajo también podrán acceder a estos datos de forma remota. La administración defiende que contar con un registro de horas es vital para proteger los derechos laborales y garantizar el cumplimiento normativo. Se espera que esta digitalización traiga mayor transparencia y evite abusos, asegurando una compensación justa para los trabajadores.

La regulación detallará minuciosamente el contenido legal y los protocolos necesarios para el sistema de registros, el cual deberá negociarse con los trabajadores, o de no alcanzarse un consenso, adoptarse tras una consulta. En caso de incumplimiento, la carga de la prueba recaerá sobre los empleadores, lo cual es una medida diseñada para proteger los derechos laborales y evitar fraudes que podrían perjudicar a los trabajadores.

Adicionalmente, se prevé que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) también sufra un ajuste, con un posible aumento del 5%. Yolanda Díaz se reunirá con el Comité de Expertos el 26 de noviembre para discutir este incremento que busca que el SMI alcance el 60% del salario medio nacional. Si esta medida se concreta, el nuevo SMI podría situarse en 1,190.7 euros mensuales, distribuidos en 14 pagas, lo que representaría un incremento significativo de 56 euros al mes.

Aunque el aumento del SMI aún no tiene fecha definitiva de implementación, es posible que se apruebe en el primer trimestre de 2025. Además, todavía está en deliberación un cambio en el sistema de indemnizaciones por despido improcedente, que se ha vuelto un tema candente en las negociaciones laborales.

Finalmente, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha solicitado cambios en el modelo de indemnización, argumentando que el actual sistema español no cumple con las pautas establecidas por el Comité Europeo de Derechos Sociales. Este es un momento crucial para el ámbito laboral en España, y las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían tener un impacto duradero en las condiciones laborales de millones de empleados en el país. ¡Mantente alerta para no perderte ninguna actualización!