La jueza del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, que lleva a cabo la investigación sobre la gestión de la devastadora dana que afectó a varias localidades de Valencia en octubre, ha tomado una decisión crucial. Se ha encargado a la Guardia Civil la elaboración de un informe exhaustivo sobre los empleados y las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI), además de solicitar a la Conselleria de Emergencias nueva documentación relevante.

Este movimiento de la magistrada responde a una petición formal de una de las acusaciones populares en el caso, específicamente la ejercida por Acció Cultural del País Valencià. La angustia sigue creciendo en la región, donde se lamentan 227 fallecidos por esta catástrofe.

En el auto notificado este jueves, las diligencias ordenadas por la jueza incluyen la solicitud a la Conselleria de Emergencias y a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). Se pide que se remita al juzgado una lista detallada de los puestos de trabajo de los empleados que operan en el CECOPI, ubicado en l'Eliana. Es vital que la documentación especifique no solo las funciones y la formación de los trabajadores, sino también su información personal y, en particular, la identificación de aquellos que estaban presentes en el centro entre las 06:00 y las 23:59 horas del 29 de octubre del año pasado.

Mientras la comunidad sigue buscando respuestas, este informe podría arrojar nueva luz sobre la gestión de la emergencia y la reacción de las autoridades. ¿Están las instituciones preparadas para enfrentar futuras crisis? Las preguntas son muchas y la presión sigue aumentando.