La Comisión Europea ha determinado que España no está obligada a abonar la multa de 101 millones de euros al fondo de inversión luxemburgués Antin, resultado de un laudo arbitral relacionado con la eliminación de ayudas a las energías renovables implementadas durante el mandato de Mariano Rajoy en 2013. Bruselas sostiene que tal compensación contradice la normativa del mercado interior y, además, califica esta situación como una ayuda estatal ilegal.

"La Comisión Europea ha concluido que un laudo arbitral que condena a España a pagar una compensación a Antin por los cambios en una medida de apoyo a la electricidad renovable representa una ayuda estatal ilegal. En su decisión, la Comisión instruye a España a no realizar ningún pago basado en el mencionado laudo arbitral. Asimismo, requiere a España que se asegure de que no se produzcan pagos, ejecuciones o adaptaciones del laudo arbitral", informa la Comisión en un comunicado oficial.

El documento también enfatiza que los jueces nacionales tienen la responsabilidad de asegurar que España cumpla con la decisión de la Comisión Europea, lo que incluye adoptar todas las medidas necesarias para detener cualquier reconocimiento o aplicación del laudo arbitral en otros países.

Este veredicto pone un punto final, al menos temporalmente, a la investigación iniciada por Bruselas en 2021 respecto a la disputa entre España y el fondo luxemburgués por la eliminación de primas a las energías renovables, que fueron establecidas por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y posteriormente suprimidas por Rajoy en 2013.

Tan solo un año después de la eliminación de estas ayudas, Antin empezó un proceso de arbitraje, reclamando compensación por los daños sufridos. En 2018, el laudo arbitral dictaminó que España debía pagar 101 millones de euros, argumentando que el país había infringido el Tratado sobre la Carta de la Energía al modificar la normativa de apoyo desde 2007 a un nuevo régimen que ofrecía menos apoyo a las energías renovables.

No obstante, es importante señalar que el régimen de apoyo a la producción de energía renovable introducido por el Gobierno socialista no fue notificado a la Comisión Europea para su autorización, como lo exige la normativa sobre ayudas estatales. Este factor podría complicar futuros reclamos de compensación y reavivar controversias en torno a la regulación de las energías renovables en España.

Con esta decisión, la Comisión Europea cierra temporalmente el conflicto, aunque las tensiones respecto a la política energética del país y su relación con los fondos de inversión siguen latentes, dejando múltiples interrogantes sobre el futuro de las energías renovables en España y su regulación.