En un hecho sin precedentes, el Partido Popular (PP) ha tomado la decisión de llevar al Tribunal Constitucional al Congreso y al Gobierno de España. Cuca Gamarra, portavoz del PP, ha denunciado que Pedro Sánchez está actuando como un "pequeño dictador", impidiendo que se respeten las enmiendas aprobadas en el Senado sobre la Ley de desperdicios alimentarios. Según el PP, esto infringe la legalidad, ya que toda enmienda aprobada en el Senado debería ser votada en el Congreso en su totalidad.

Durante la última Reunión Interparlamentaria del PP, que congregó a más de 750 parlamentarios en Sevilla, Gamarra anunció que el partido iniciará un conflicto de competencias, lo que podría dar lugar a hasta cuatro recursos ante el Alto Tribunal. Esto incluye dos acciones por parte del Senado y dos del PP, que se enfocarán en argumentos de amparo e inconstitucionalidad.

El trasfondo de la discordia radica en el veto que el Gobierno impuso a varias enmiendas que buscaban reducir el IVA en productos básicos como pan, frutas y aceite de oliva. El Ejecutivo alegó que estas medidas impactarían negativamente en los Presupuestos. Sin embargo, Gamarra sostiene que este veto es incompatible con la Constitución, puesto que el Congreso no puede eliminar enmiendas del Senado de manera unilateral.

Gamarra intensificó su discurso, exigiendo a Sánchez un respeto por la separación de poderes que fundamenta la democracia española. "No aceptamos ningún tipo de autoritarismo ni impunidad", subrayó, haciendo eco de un creciente descontento en ciertos sectores de la población que temen por el futuro de las instituciones democráticas.

Además de la controversia por el veto, Gamarra se refirió a otros temas críticos como el gasto en defensa, acusando al presidente Sánchez de ser "un mentiroso" por no proporcionar detalles claros sobre la inversión necesaria. Este último aspecto genera un malestar considerable entre los ciudadanos, quienes demandan transparencia y responsabilidad en la gestión del país.

A medida que se desarrollan estos acontecimientos, el PP busca también apoyo en el ámbito europeo, lo que indica que si las resoluciones del Tribunal Constitucional no son favorables, llevarían el caso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La controversia no solo refleja un enfrentamiento interno, sino también la compleja relación entre las instituciones, con implicaciones que podrían resonar en la política europea.

A medida que la tensión aumenta en el ámbito político español, todos los ojos están puestos en cómo se desarrollarán los próximos pasos en esta batalla legal y política. ¿Estamos ante el inicio de una serie de enfrentamientos que podrían cambiar el curso de la democracia en España? La respuesta está aún por verse.