La batalla entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz llega a su clímax. La crisis dentro del Gobierno de coalición está en su punto más crítico, ya que la tributación del salario mínimo en el IRPF se decidirá hoy, siendo el tiempo un factor crucial debido a los plazos parlamentarios que obligan a notificar cualquier veto al Congreso. Este viernes es la fecha límite para que el Ejecutivo comunique su intención de vetar la ley presentada por Sumar, que pretende eximir del pago del impuesto a todos los trabajadores que reciban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Desde el martes, ambos partidos han estado intentando llegar a un acuerdo y, aunque estuvieron cerca, aún persiste la incertidumbre. La falta de consenso podría llevar a una guerra parlamentaria, lo que dañaría aún más la imagen del Gobierno, ya afectada por desavenencias sobre el aumento del gasto militar.

El Ministerio de Hacienda ya ha dejado claro que presentará un veto si no se llega a un consenso. Por su parte, Díaz no ha aminorado su desafío hacia Montero al afirmar que está dispuesta a buscar apoyo en el Partido Popular para anular esa decisión, lo que podría generar nuevas tensiones. Esta situación evidencia la controversial naturaleza del pacto entre PSOE y Sumar.

Las negociaciones están en un impasse debido a la cuestión fundamental de si los beneficiarios del SMI deben tributar o no, un problema central que ha complicado los diálogos. Mientras tanto, los ministerios de Hacienda y Trabajo trabajan en una fórmula que permitiría un tipo de deducción para aquellos trabajadores que no tengan cargas familiares y que, debido al IRPF, verían reducidos sus ingresos anuales de 16,570 euros brutos.

Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, un 20% de los trabajadores con SMI se verían afectados, lo que equivale a aproximadamente 480,000 personas de los 2.4 millones de trabajadores que perciben el salario mínimo. Sin embargo, el 80% restante no sufriría cambios en su situación económica debido a las deducciones.

Montero ha reiterado que no aumentará el umbral exento de tributación, tal como solicita Díaz, y sugiere que solo se buscarán compensaciones para ese 20% afectado. Esta controvertida decisión podría costar al Estado más de 200 millones de euros, mientras que elevar el mínimo exento podría generar un déficit de entre 1,500 y 2,000 millones.

El discurso de Montero destaca que se seguirá apostando por el aumento del salario mínimo en el futuro, argumentando que es justo que aquellos que ganan más contribuyan proporcionalmente al sostenimiento de las arcas públicas.

Por su parte, Díaz sostiene que la justicia fiscal debe comenzar por los de arriba y que el acuerdo del Gobierno establece que el SMI debería situarse en el 60% del salario medio neto, es decir, sin que la tributación lo obstaculice. Criticó que la tributación actual, con un tipo marginal del 43%, impide garantizar ese porcentaje del salario medio neto, lo que considera una injusticia.

En un giro interesante, Díaz mencionó que el mismo PSOE que se opone a la exención para los trabajadores con SMI ha llegado a acuerdos para beneficiar a trabajadores en el País Vasco que ganan menos de 19,000 euros. Esta contradicción ha suscitado críticas entre los miembros del partido.

A medida que el tiempo avanza, Montero y Díaz continúan en su pulso, con las negociaciones llegadas a su límite. Todo se decidirá pronto: o pactan, o se desatará una guerra parlamentaria que podría cambiar el rumbo del Gobierno.