La administración de Donald Trump llevó a cabo el pasado fin de semana la deportación de cientos de venezolanos, alegando que eran miembros de una banda de narcotraficantes. Estos hombres fueron enviados a El Salvador e ingresados en la prisión de máxima seguridad CECOT.

Trump invocó una antigua ley de 1798 que permite la expulsión de "enemigos extranjeros". Sin embargo, el juez federal de Washington, James E. Boasberg, prohibió la deportación, pero la administración Trump desoyó su decisión, insistiendo que los aviones ya estaban en el aire cuando se emitió el dictamen judicial.

La tensión aumentó el miércoles (19 de marzo de 2025) cuando Trump expresó en su plataforma Truth Social: "Si un presidente no tiene derecho a expulsar a asesinos y otros criminales, entonces nuestro país tiene un gran problema, ¡está condenado al fracaso!". Este comentario refleja no solo su frustración personal, sino también la presión por parte de algunos congresistas republicanos que han pedido su destitución.

Conflictos con el poder judicial

Este incidente no es aislado; la administración de Trump ha tenido múltiples enfrentamientos con el Poder Judicial estadounidense. Un juez federal bloqueó el cierre de la agencia de ayuda al desarrollo USAID y, de manera similar, una jueza de Maryland detuvo la expulsión de personas trans del Ejército, impulsada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Además, un magistrado de Washington ordenó al Gobierno pagar subvenciones por un total de 14,000 millones de dólares a organizaciones ambientales.

Trump, en una entrevista con Fox News, se quejó diciendo que hay "jueces fuera de control destruyendo nuestro país". A pesar de la presión, admitió que no se opondría abiertamente a una sentencia judicial.

Los comentarios de sus partidarios también insinúan una desconfianza hacia el sistema judicial. Tom Homan, nombrado por Trump como "zar de las fronteras", declaró que no le importaba lo que pensaran los jueces. La ministra de Justicia, Pam Bondi, criticó la suspensión de las órdenes de deportación como un "desprecio a la autoridad del presidente Trump", sugiriendo que tales fallos judiciales ponían en peligro la seguridad de la población.

Peligro para la separación de poderes

Expertos como Johannes Thimm del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP) advierten que la separación de poderes en EE. UU. está en riesgo. La legislatura prácticamente ha renunciado a su papel de control y, bajo la mayoría republicana, se ha mostrado leal casi por completo a Trump. El poder judicial, encargado de hacer cumplir la ley, se está viendo limitado cuando sus decisiones no son acatadas.

La falta de respeto hacia las sentencias judiciales podría desatar una crisis constitucional, donde las fuerzas del orden se encuentran en una posición complicada: seguir las órdenes del presidente o las del sistema judicial. Este dilema podría desestabilizar aún más el orden constitucional en el país.

¿Hacia la autocracia?

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha rechazado las demandas de Trump para destituir a jueces por desacuerdos sobre sentencias, argumentando que el juicio político no es una solución adecuada. Roberts aseveró que para eso existen los procesos de apelación.

No obstante, la posibilidad de que Trump ignore al Poder Judicial ya no puede descartarse, lo que conllevaría a un grave deterioro del estado democrático de derecho en EE. UU. Tal acción podría marcar un gran paso hacia la transformación del sistema hacia un modelo más autoritario, una preocupación que resuena en el ámbito político y académico.

La situación actual genera preguntas inquietantes sobre la salud democrática del país y el futuro del sistema de frenos y contrapesos que ha sustentado a Estados Unidos durante más de dos siglos. Los ciudadanos deben estar atentos, ya que el destino de la democracia podría estar en juego.