Antonio R. Vega

Sevilla

Un estudio jurídico encargado por un magistrado conservador del Tribunal Constitucional (TC) respalda que la Audiencia Provincial de Sevilla eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para cuestionar el borrado de delitos realizado por los magistrados progresistas contra ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, condenados en el caso ERE.

Este análisis, elaborado por una experta en Derecho comunitario bajo la supervisión del magistrado César Tolosa, invalida la tesis del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, quien busca obligar al tribunal andaluz a aceptar las sentencias que anulan delitos de prevaricación y malversación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Estos líderes fueron condenados por el uso indebido de casi 680 millones de euros en ayudas entre 2000 y 2009, durante los gobiernos del PSOE.

El informe concluye que "no puede impedir" que otros órganos judiciales, incluidos jueces y magistrados, soliciten orientación al TJUE si creen que las sentencias del Constitucional pueden contradecir el Derecho comunitario. Este principio indica que el Derecho de la Unión Europea prevalece sobre cualquier decisión de los estados miembros. Un acontecimiento que podría tener serias repercusiones legales para el TC.

Incumplimiento del Derecho de la UE

El documento señala que "una actuación del TC que impida o limite que un tribunal inferior plantee una cuestión prejudicial podría ser considerada un incumplimiento del Derecho de la Unión Europea". Esta presentación será llevada a la próxima sesión plenaria del TC a mediados de abril, donde Conde-Pumpido presentará argumentos opuestos basados en otros informes que ha recopilado.

El presidente del TC, quien fue fiscal general bajo el mandato socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, ve la decisión de la Audiencia de recurrir al tribunal europeo como una "rebeldía" en contra de su autoridad.

Juristas reconocidos, como Rafael García-Valdecasas, argumentan que la consulta de la Audiencia no es un "salto al vacío", dado que el Derecho europeo predomina sobre cualquier normativa nacional. La Audiencia mencionó precedentes como la sentencia del 21 de octubre de 2021 del TJUE, que exemptó a un juez rumano de cumplir las sentencias de su tribunal constitucional que ordenaban la repetición de juicios en casos de corrupción.

Presiones sobre la Audiencia de Sevilla

Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que juzgaron y condenaron a varios políticos en el caso ERE, están decididos a resistir las presiones del TC. En una reciente comunicación, la Audiencia solicitó al Constitucional que aclarara la razón tras la reclamación para llevar el caso al tribunal europeo.

La Audiencia otorgó un plazo de diez días a las partes (Fiscalía Anticorrupción, acusaciones y defensas) para que se manifestaran sobre presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE respecto a la validez de las sentencias que reducen las penas a ex altos cargos autonómicos.

Conde-Pumpido consideró la posibilidad de encargar un informe a un grupo de juristas del TC para desafiar a la Audiencia, similar a lo que se hizo en las disputas sobre la ley de amnistía. Sin embargo, durante el último pleno del TC, se acordó analizar la solicitud de la Audiencia antes de tomar una decisión.

El TC y su Poder Judicial

El juez César Tolosa emitió un voto particular en contra de las sentencias del caso ERE, denunciando que el Constitucional está actuando como un "tribunal de casación", función que no le corresponde, y que se está sobreponiendo al Tribunal Supremo en su papel como máximo intérprete de la ley penal. Esta situación podría generar una crisis de confianza en la justicia, ya que se cuestiona la independencia y la coherencia del sistema judicial español. Los jueces Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez, también del sector conservador, han expresado desacuerdos con las decisiones del TC, resaltando la creciente fractura en el tribunal sobre este caso emblemático.