La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, ha denunciado la intención del Ministerio de Hacienda de bloquear el debate en el Congreso sobre las leyes que buscan que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tribute el IRPF. "Cuando alguien recurre a un veto es que ha perdido el debate", comentó Díaz en una reciente entrevista, evidenciando su rechazo a la autoridad del Ministerio de Hacienda en este asunto.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha decidido utilizar su prerrogativa de veto, una herramienta que permite al Gobierno frenar iniciativas que afectan a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, tanto Sumar como el Partido Popular (PP) tienen la capacidad de levantar este veto en la Mesa de la Cámara Baja, una acción que Díaz ha prometido realizar si no se llega a un acuerdo dentro del Ejecutivo.

La ministra de Trabajo ha subrayado que el veto de Hacienda no es más que un intento por evitar que se discuta una iniciativa crucial. "Nosotros vamos a levantar el veto para que la Cámara pueda discutir. Si después dicen que el salario mínimo tiene que tributar, será lo que el pueblo haya decidido", defendió.

Díaz también destacó que esta cuestión se ha vuelto urgente, dado que Hacienda ha anunciado su intención de crear un marco que obligue a aquellos que perciben el SMI, que ahora asciende a 1.184 euros en 14 pagas, a pagar el impuesto por primera vez. Esto ha generado una fuerte oposición por parte de Sumar, que ha registrado urgentemente un texto que busca establecer la exención del IRPF en el SMI.

El PP ha mostrado una postura similar, aunque su motivación no parece ser la justicia fiscal, sino una reducción general de impuestos. Sin embargo, Díaz considera que las propuestas presentadas por ambos partidos no abordan el fondo del problema.

Lo más sorprendente es que, a pesar de las diferencias ideológicas, Sumar y el PP podrían unirse para levantar el veto de Hacienda, generando probablemente tensiones adicionales en el Gobierno de coalición. Aunque Díaz espera que se logre un acuerdo antes de tener que recurrir a la oposición, la realidad es que la situación se complica.

Además, Díaz ha enfatizado la necesidad de justicia fiscal, argumentando que con un salario anual de 16.500 euros, debería mantenerse la exención. Preguntándose por la desigualdad de trato que reciben los trabajadores vascos en comparación con el resto del país, añadió: "¿Por qué el PSOE que dice esto en España pacta en Euskadi con el PNV una exención para salarios de 19.000 euros?".

Díaz también ha exhortado a la ministra de Hacienda a presentar los Presupuestos Generales del Estado al Congreso, independientemente de los apoyos que tenga. "El Gobierno tiene la obligación de presentar políticas públicas que quiere defender. Hay que darle un impulso al país", instó, subrayando la necesidad de reformas críticas como permisos retribuidos y una revisión de la industria. La situación económica en España, marcada por la crisis de vivienda y la inestabilidad internacional, hace que esta discusión sea más relevante que nunca. La presión y las negociaciones aumentan, y todos los ojos están puestos en cómo se desarrollará esta tormenta en el Congreso.