En los últimos días, una alarmante preocupación ha surgido tanto en los tribunales como en el Ministerio Público respecto a la drástica reducción de presupuesto aplicada por el Ejecutivo a diversas instituciones públicas. Esta situación ha generado un ambiente de inquietud y frustración entre los máximos representantes del sistema judicial y fiscal del país.

El Fiscal Nacional, Ángulo Valencia, fue el primero en hacer sonar la alarma, advirtiendo que la disminución de más de $7,000 millones afectará gravemente los esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la situación se agravó con la intervención del Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, quien reveló que los tribunales enfrentarían una reducción de más de $17,000 millones, algo que pone en riesgo crítico el acceso a la justicia en el país.

Ambos líderes se enteraron de esta preocupante decisión de recortes el pasado viernes a través de una llamada de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Como respuesta a esta drástica medida, el Pleno de la Corte Suprema se reunió de manera extraordinaria y emitió una declaración de seis puntos indicando que cualquier recorte podría poner en seria dificultad el funcionamiento de los tribunales.

"Esto afectará seriamente el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia. Por eso, esta Corte Suprema manifiesta su preocupación y, a través de su Presidente, realizará todas las gestiones necesarias para cambiar esta situación", expresaron los ministros en su declaración oficial. Agregaron que si no se revierten estos recortes, la situación judicial será crítica, advirtiendo que muchos servicios esenciales, como la seguridad y el mantenimiento de los sistemas judiciales, están en grave peligro.

María Soledad Melo, vocera de la Corte Suprema, enfatizó que los recortes afectarán la capacidad del Poder Judicial para reemplazar a los jueces que falten por enfermedad o vacaciones, lo que podría sobrecargar aún más a los tribunales y afectar la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos. "La falta de jueces y el aumento de trabajo están interconectados. Esto impactará tanto a los funcionarios como a los usuarios del sistema judicial", señaló Melo.

Además, se ha mencionado que estas reducciones ocurren en un contexto donde ya se han implementado nuevas leyes que aumentan la carga de trabajo del sistema judicial, pero sin un incremento paralelo en el número de jueces. Esta combinación está creando una presión insostenible, poniendo en riesgo la efectividad del sistema judicial en la protección de los derechos de los ciudadanos.

Las inquietudes no solo provienen de la Corte Suprema, sino también de las fiscalías regionales, quienes en una reunión reciente también expresaron su preocupación respecto al presupuesto. Una serie de representantes regionales pidieron al gobierno que reconozca la gravedad de la situación y actúe rápidamente para corregir el rumbo.

Por otro lado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, minimizó las críticas argumentando que los recortes afectan a toda la administración pública y que son decisiones acordadas en conjunto en el Congreso. Sin embargo, muchos en el sistema judicial ven estas medidas como un desprecio a la labor que realizan, argumentando que las inversiones en el Ministerio Público son cruciales para garantizar una respuesta efectiva al crimen organizado y la seguridad del país.

La preocupación está en aumento y los actores clave del sistema legal están pidiendo una revisión inmediata de estas decisiones. ¿Podrán las autoridades revertir esta situación antes de que sea demasiado tarde? El futuro del sistema judicial y la seguridad ciudadana podrían estar en juego.