El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha tomado medidas drásticas tras una investigación exhaustiva que reveló prácticas abusivas por parte de Entel. Entre noviembre de 2022 y enero de 2023, se descubrió que la compañía de telecomunicaciones realizó aumentos de precios de manera unilateral, afectando a un staggering de 3.148.566 clientes de sus servicios móviles y a 63.554 de televisión de pago.

Frente a esta situación alarmante, Sernac ha solicitado la apertura de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con Entel para que se restituya a los clientes los cobros inapropiados. Según el organismo, los contratos fueron terminados abruptamente y nuevos fueron abiertos sin el consentimiento de los usuarios, cambiando así las condiciones originales de servicio.

Además, el Sernac ha denunciado la existencia de "cláusulas abusivas" que facilitaron estas sorpresivas alzas en los precios. Se han recibido más de 7,000 reclamos de consumidores que se sienten vulnerados por estas prácticas, exigiendo una pronta solución.

El daño económico causado por estas irregularidades podría ascender a millones de dólares, con compensaciones promedio estimadas de aproximadamente 13,000 pesos chilenos por cliente que tiene una línea, mientras que quienes poseen múltiples líneas podrían recibir hasta 40,000 pesos.

Desde el Sernac han enfatizado que la restitución incluye los montos aplicados, más los ajustes e intereses correspondientes, además del costo que los consumidores incurrieron al presentar sus reclamos. También exigen la eliminación de las cláusulas abusivas de los contratos y la anulación de los nuevos acuerdos que fueron impuestos sin la debida autorización de los usuarios.

Este escándalo ha llevado a una creciente indignación entre los clientes de Entel, y muchos se preguntan qué otras sorpresas podrían esperar de una empresa que parece haber ignorado la transparencia y la ética con sus consumidores. Los expertos en telecomunicaciones advierten que estas acciones pueden dañar la reputación de Entel a largo plazo, y sugieren que los afectados consideren cambiarse a competidores más transparentes.

La incertidumbre sobre el futuro de estas prácticas y la respuesta final de Entel aún permanece, pero una cosa es clara: la lucha de los consumidores por sus derechos apenas comienza.