¿Cómo se puede realmente reducir el número de homicidios en América Latina y el Caribe? Esta crucial pregunta fue abordada en un informe publicado recientemente por el Laboratorio de Análisis de la Violencia, que examina diversas estrategias implementadas por los gobiernos para combatir uno de los problemas de seguridad más alarmantes de la región. La investigación concluyó que las medidas más efectivas incluyen la limitación en el porte de armas, mientras que el famoso 'descabezamiento' de organizaciones criminales ha resultado ser un enfoque contraproducente.

En una entrevista exclusiva con La Tercera, Ignacio Cano, sociólogo y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y miembro fundador del Laboratorio de Análisis de la Violencia, expone sus hallazgos. Cano aclara que el estudio evaluó qué metodologías realmente contribuyen a la reducción de la violencia y los homicidios, destacando que prohibir el porte de armas, restringir la venta de alcohol y patrullar áreas violentas se encuentran entre las estrategias más efectivas.

Por ejemplo, esta restricción de armas ha demostrado ser particularmente útil en El Salvador y en ciudades colombianas como Bogotá y Cali. Asimismo, la limitación en la venta de alcohol se ha aplicado también en Bogotá y en varios municipios de São Paulo. El patrullaje en zonas específicas, conocido como Unidades de Policias Pacificadoras, ha sido una estrategia emblemática en Río de Janeiro.

Cano señala que, aunque cada intervención tiene sus matices, hay ciudades que han logrado resultados notables en la lucha contra el homicidio. Bogotá y São Paulo son ejemplos destacados; la capital colombiana ha experimentado una disminución significativa en sus tasas de homicidio desde los años 90, y Sao Paulo ha registrado estadísticas casi comparables a las de Europa.

Por otro lado, el descabezamiento, es decir, eliminar a los líderes de los carteles criminales, es visto como una estrategia fallida. Can incluso menciona que, según el informe, es literalmente la peor cosa que se puede hacer si se pretende bajar los índices de homicidio. Esto se debe a que, al eliminar a un líder, se generan luchas internas y disputas entre los remanentes de la organización por el control, lo que desestabiliza el entorno y eventualmente incrementa la violencia.

Entonces, ¿qué alternativas se presentan? Cano sugiere que se debe considerar una reducción en los niveles de violencia con que operan los grupos criminales. Propone priorizar operaciones policiales en áreas con altas tasas de homicidio, enviando un mensaje claro a los delincuentes: quien utiliza más violencia enfrentará una respuesta más fuerte de las fuerzas de seguridad, lo que podría convertir el crimen en un mal negocio.

Además, la militarización de la seguridad, a menudo promovida como una solución, ha demostrado ser otra de las medidas ineficaces que contribuyen al aumento de la violencia. En México, por ejemplo, la militarización de la lucha contra el narcotráfico bajo la administración de Felipe Calderón resultó en un aumento alarmante de los homicidios, multiplicándose por tres en un corto periodo. En Colombia, también se ha evidenciado que el patrullaje militar en ciertas áreas ha llevado a un incremento en los niveles de violencia, ya que la presencia del ejército intensifica el conflicto y a su vez la respuesta de los grupos criminales.

La conclusión clara es que las intervenciones de seguridad deben ser cuidadosamente diseñadas y ejecutadas con el conocimiento de que la violencia es un fenómeno complejo, donde la simple eliminación de líderes o el uso de la fuerza militar podría llevar a resultados indeseados. El futuro del combate al crimen organizado en América Latina requiere una reevaluación de estrategias que prioricen la estabilidad y la paz, en lugar de fomentar un ciclo de violencia.