En una reciente declaración que ha encendido el debate, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, dejó claro que no se contempla una regularización para todos los 182 mil migrantes actualmente empadronados en el país.

Cordero abordó esta polémica en una entrevista con CNN Chile, donde enfatizó que no se debe confundir la propuesta con un "perdonazo" o una actitud de "buenismo". Aseguró que la idea es realizar una regularización "acotada" que responda a necesidades de seguridad y al incremento del control policial.

Un marco específico de regularización

El subsecretario delineó que la regularización se centrará únicamente en aquellos que hasta febrero de 2024 voluntariamente se inscribieron en el empadronamiento biométrico. "Estos datos nos permiten tener un control efectivo desde el punto de vista de seguridad. Esta medida no se trata de una amnistía, sino de resolver un problema concreto que enfrenta el país", explicó Cordero.

Con 182 mil migrantes en la mira, Cordero subrayó que parte del proceso involucra estudiar la composición de este grupo, lo cual determinará cómo se procederá. Lamentablemente, algunos migrantes que no se regularizaron lo han hecho por diversas razones, incluyendo la comisión de delitos, lo que ha generado una situación de inseguridad compleja, afirmó el subsecretario.

El panorama actual en el país

La situación migratoria en Chile se ha vuelto un tema crítico en la agenda pública. Desde la llegada de miles de migrantes en los últimos años, las autoridades han enfrentado el desafío de equilibrar la seguridad nacional con los derechos humanos de las personas que buscan una vida mejor. El gobierno está bajo presión para encontrar una solución efectiva que no solo sirva a los intereses de quienes están en situaciones irregulares, sino que también garantice la seguridad de la población chilena.

La propuesta de Cordero se presenta en un momento donde la paternidad de alguaciles públicos, la verdad sobre la regularización migratoria y la respuesta gubernamental hacia los extranjeros se han vuelto un tema de intensas discusiones políticas. Los críticos sostienen que sin una política más inclusiva, se perpetuarán los problemas sociales y económicos asociados con la falta de papeles.

"El gobierno debe actuar con firmeza", concluyó Cordero, reafirmando que el mensaje es claro: no habrá regularización generalizada, sino que se evaluará cada caso en un contexto de seguridad.