En un giro inesperado de los acontecimientos, Conde-Pumpido está intentando, hasta el último momento, evitar que la Audiencia de Sevilla cuestione la 'amnistía' otorgada a los implicados en el escándalo de los ERE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta acción ha generado un gran revuelo y preocupación entre los altos círculos judiciales de España.

El artículo 92 de la ley orgánica que regula al Tribunal Constitucional (TC) le otorga amplias potestades para asegurar el cumplimiento de sus sentencias. Según este precepto, el TC tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones, pudiendo establecer medidas necesarias para su ejecución y declarar nulas resoluciones que contravengan sus decisiones.

Sin embargo, el conflicto surge porque la normativa europea, específicamente el artículo 267 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, estipula que los órganos judiciales cuyos fallos no sean apelables deben plantear cuestiones prejudiciales al TJUE cuando surjan interrogantes sobre la interpretación del derecho europeo. Esto añade una capa de complejidad que puede tener repercusiones importantes.

La documentación que Conde-Pumpido está recopilando no solo busca frenar la ejecución de la sentencia que revocó las condenas en el escándalo de los ERE, sino que también abarca un fallo reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que también cuestiona decisiones del órgano de garantías. A pesar de que un juez puede consultar al TJUE sobre la aplicación del derecho comunitario, no hay antecedentes de una situación similar que involucre a una sentencia del TC.

Según lo informado por ABC, la Audiencia de Sevilla opina que el TC sobrepasó su autoridad al anular parcialmente las penas por delitos de prevaricación y malversación impuestas a expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, relacionados con un desfalco de 680 millones de euros en ayudas sociolaborales.

Las inquietudes de Conde-Pumpido provienen del posible escrutinio europeo de la sentencia dictada por una mayoría progresista del TC, un escenario que podría desautorizar al Tribunal sin implicar la anulación de las sentencias, ya que el TJUE carece de esa jurisdicción. Sin embargo, tal declaración podría dar pie a la Audiencia de Sevilla para no aplicar el fallo, invocando la supremacía del derecho de la Unión Europea.

Este caso ha levantado gran expectación en la opinión pública, y muchos se preguntan: ¿Qué implicaciones tendrá esto para la justicia en España y la confianza en sus instituciones? La batalla legal está lejos de terminar, y el resultado podría cambiar el rumbo de la política andaluza.